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miércoles, 9 de febrero de 2011

Un nuevo fallo considera que con la devolución del piso no se salda la deuda

Un nuevo fallo considera que con la devolución del piso no se salda la deuda

Con fecha 29 enero publiqué en este blog un artículo titulado:
"Los bancos, las hipotecas,y los jueces de Navarra".
En este artículo de hoy, se relata un nuevo auto de la misma Audiencia de Navarra que se pronuncia en términos totalmente opuestos a los referidos en el auto anterior.
Con este proceder sale dañada la imagen de la Justicia, ¿dónde está la seguridad jurídica?; una vez más es el conjunto del Sistema el que sale muy dañado según expone también Mario Conde en su comentario:
http://www.intereconomia.com/blog/blog-mario-conde/audiencia-navarra-no-se-pone-acuerdo-consigo-misma-tema-las-hipotecas-los-piso  

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sábado, 22 de enero de 2011

De jueces,banqueros y sentencias, (2ª parte).

Alfreedo Saenz en la Audiencia de Barcelona.
 
Seguidamente reproduzco un interesante artículo relacionado con el anterior post de fecha 20/01/11 en este mismo bog.
El artículo, procedente de El Confidencial www.elconfidencial.com
está escrito por Carlos Herranz si bien podría ir firmado por Mario Puzo autor de El Padrino a la vista de los hechos y circunstancias que en él se narran. No tiene desperdicio.
F.J.

Hace años que no tiene residencia fija en Barcelona. Pedro Olabarría vive a medio camino entre Alemania, país del que es natural su mujer, y Canadá. Una excentricidad propia de una persona acomodada si no fuera porque su exilio voluntario de España tiene mucho que ver con el episodio que esta semana ha recobrado plena actualidad, es decir, la sentencia del Tribunal Supremo por la que Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander y en el último tramo de su exitosa carrera, queda inhabilitado para el ejercicio de su profesión de banquero.
Como se ha recordado esta semana a raíz del caso, el breve paso por la cárcel de este empresario vasco afincado en Barcelona en 1994 terminó desentrañando una trama mayor de corrupción en la que participaba un juez llamado Pascual Estevill. Sin embargo, el origen de su cruzada no fue contra el magistrado corrupto que le condenó a prisión y le embargó sus bienes, más tarde expulsado de la carrera judicial tras la condena del Tribunal Supremo, sino contra el banquero, presidente de Banesto para más señas, que instigó esa persecución judicial.
Precisamente, ese banquero aupado entonces a la cima de Banesto por el Banco de España, recién intervenido y destronado Mario Conde a finales de 1993, estaba familiarizado y acostumbrado a tratar con la élite de Barcelona, esa aristocracia empresarial que hacía de Cataluña el motor industrial del país. Todos se conocían. No en vano, durante ocho años, Alfredo Sáenz fue presidente de Banca Catalana en comisión de servicios especiales, ya que la era filial del Banco Vizcaya, donde el financiero hizo carrera como ejecutivo estrella bajo el manto de Pedro Toledo.
Antes de que Sáenz pisara la marca catalana, Olabarría Delclaux ya había hecho carrera como empresario de éxito en la Barcelona de los 80. Su espíritu emprendedor le apartó del negocio familiar de construcción en el País Vasco para probar fortuna primero como asalariado. La pujante Ciudad Condal tenía reservado para él un puesto como directivo en la emergente Motor Ibérica (Nissan), donde progresó hasta el punto de disputar la confianza de los japoneses al todopoderoso Juan Echevarría, ex suegro del ahora líder político Joan Laporta.
Sus méritos no fueron suficientes para quedarse al frente del gigante del motor, por lo que Olabarría probó fortuna, junto a varios socios, como empresario. Y su primera apuesta fue claramente ganadora. Con el mercado del papel por los suelos, compró a precio de saldo la mayoría del fabricante Torras Hostench con la aspiración de dar la vuelta a la compañía. Sin embargo, nadie le podía decir que su inversión sería más rentable en tan poco tiempo gracias a los petrodólares que regaron la Península a mediados de esa década. Un golpe de suerte.
En 1984, el grupo kuwaití KIO irrumpió en España con la compra de la papelera Inpacsa, fundada y controlada por la familia de José María Porcioles, ex alcalde de Barcelona, asfixiada por las deudas. Tras la inyección de liquidez, en sólo un año la compañía ya arrojó beneficios, lo que hizo que KIO, bajo la batuta del emergente Javier de la Rosa, decidiera ampliar su inversión en el sector papelero. Así, en 1986, el grupo inversor kuwaití adquirió un paquete del 24% de Torras Hostench, aún en suspensión de pagos, a la familia Olabarría.
Aquella operación hizo que el empresario vasco ascendiera de división dentro del establishment catalán. Su pequeña gran fortuna nació entonces, con la venta de una compañía papelera que años más tarde, con un plenipotenciario Javier de la Rosa, terminaría convirtiéndose en el holding desde que el financiero catalán articularía todas las inversiones de KIO. Desde entonces, Olabarría pasó a la categoría de inversor, colocando su patrimonio en empresas y sectores de diversa índole, donde participaba en los órganos de administración.
Una deuda con Banesto.
Una de esas inversiones fue la que supuso toda una ruina moral. La suspensión de pagos de Harry Walker, una compañía de suministros donde era accionista minoritario, desencadenó una implacable persecución por parte de Banesto como principal acreedor. El celo de esa cruzada corrió a cargo del responsable del banco en Cataluña, Miguel Angel Calama, y del asesor jurídico externo, Rafael Jiménez de Parga, aunque el supervisor último de la operativa era un tal Alfredo Sáenz, al que Olabarría responsabilizó siempre de su paso por la cárcel.
El tesón del agraviado por demostrar la tropelía cometida a su persona dio lugar a una causa mayor, que terminó descubriendo al juez Estevill como ejecutor de sentencias por encargo entre la clase empresarial catalana. Olabarría no aspiraba a tanto. Tal vez por eso, tras la tormenta que sacudió entonces a los pilares de la poderosa Barcelona, el empresario vasco optó por pasar a un discreto segundo plano cada vez más lejos de España. Había demasiados compañeros de casta que habían quedado al descubierto a consecuencia de su cruzada.
Aunque ha tenido que pasar 16 años, el Tribunal Supremo ha ratificado y ampliado la sentencia condenatoria a Alfredo Sáenz. El consejero delegado del Santander recurrirá por defecto al Tribunal Constitucional, como ya han confirmado desde el banco de Emilio Botín. Todo para evitar y dilatar la ejecución de una sentencia firme. Una reacción que puede conceder muy buenos réditos judiciales, como bien saben otros ilustres condenados, como Cortina y Alcocer(Los Albertos), que han evitado cárcel, aunque no deshonra, por el caso Urbanor.
En ocasiones, la fama, la gloria e incluso el reconocimiento social es para aquellos que han sido condenados por el Tribunal Supremo, el papel de Olabarría tiene bastante en común con la causa emprendida años después por Pedro Sentieri y Julio San Martín contra la pareja de primos, de quienes fueron socios. Sus logros, como los de cualquier antihéroe, están condenados al silencio y premiados con el destierro. Sus  victorias son sólo morales, aunque esa sea la mayor de las recompensas.
Escrito por Carlos Herranz





jueves, 20 de enero de 2011

De jueces, banqueros y sentencias.

Estamos presenciando, o mejor, a punto de presenciar, uno de esos hechos que desprestigian a la administración de la justicia  (así en minúsculas) más si cabe, de lo desprestigiada que se encuentra ya en ESPAÑA.
En este caso, estamos hablando nada menos, otra vez, que del Tribunal Supremo y una importante sentencia, todavía no dictada pero sí "filtrada" a un medio de comunicación.
Se trata del caso Olabarría, y al parecer, el consejero delegado del Banco de Santander, Alfredo Saenz, está a punto de verse condenado a ocho meses de cárcel e inhabilitación para seguir ocupando su importante puesto, con enormes repercusiones en toda la política  del Banco. 
No quiero entrar en los detalles de este caso puesto que todavía la sentencia no es firme, pero sí es muy preocupante el hecho mismo de la filtración de la sentencia, el cambio del ponente y la ampliación de tres a cinco en el número de magistrados que entienden este caso.
Claro que después de todo lo sucedido a Mario Conde en el caso Banesto y que tan bién relata éste en su ültimo libro "Los días de Gloria" nada debería sorprendernos ya.
Se dá la curiosa circunstancia que MC fue el presidente de Banesto, destituido y encarcelado y que precisamente  el Sr. Saenz fue quien se hizo cargo de Banesto después de los vergonzosos sucesos de entonces.
¡Vueltas que da la vida! 
F.J.
Seguidamente reproduzco un interesante articulo sobre este asunto, publicado en el digital Hispanidad:
Los cinco jueces que componen el Tribunal de la sala de lo Penal del Supremo que han juzgado el caso Olabarría Delclaux son: Juan Saavedra, presidente,Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro, José Manuel Maza y Juan Ramón Verdugo. El ponente era Maza, partidario de la absolución de Alfredo Sáenz quien, junto a Verdugo, emitirán votos particulares.
Lo curioso es que, en noviembre los miembros del tribunal eran tres, pero luego alguien hizo que se sumaran Colmenero y Barreiro. Y así, en diciembre, llegaron las duras deliberaciones -especialmente las del día 28, Festividad de los Santos Inocentes-. El resultado de esas duras deliberaciones para llegar a un fallo fue el siguiente: 3 a 2 a favor de la condena para Sáenz que, encima lleva aparejada su inhabilitación como banquero. Ahora bien, alguno de los miembros del Tribunal filtra al diario El Mundo lo que todavía no era ni sentencia ni, por supuesto, se había notificado a las partes. A día de hoy seguimos sin sentencia y sin notificación. A partir de ese momento, la condena a Sáenz se convierte en casi inamovible.
Y ahí surge el lío y las acusaciones entre los miembros del Tribunal. Hispanidadha podido saber que habrá cambio de ponente (no está bien que el ponente redacte una sentencia de la que se discrepa) pues Maza será relevado porColmenero, favorable a la condena y hombre conocido por sus simpatías hacia el diario El Mundo. En principio, por tanto, el resultado definitivo seguirá siendo de 3 a 2, favorable a la condena de Sáenz. Y es que, tras la filtración no parece probable el cambio, aunque todo es posible. 
Por lo demás, la pregunta sigue siendo la misma: con tres, los partidarios de la absolución ganaban por 2 a 1. Al ampliarse a cinco, pierden por 3 a 2. En otras palabras, la pregunta es: ¿quién aumentó el Tribunal y quién decidió los nombres de los recién incorporados? Dicho de otra forma: ¿quién tenía interés en queAlfredo Sáenz fuera condenado?
Lo  cierto es que desde que los Botín perdieron el inestimable apoyo de Teresa Fernández de la Vega las cosas les van mal en los tribunales. Con Rubalcaba se entienden peor. Recuerden, en cualquier caso, que los tribunales no se manipulan presionando al juez -eso resultaría una peligrosa arma de doble filo- sino poniendo el juez y al fiscal apropiados, en el lugar apropiado, en el momento apropiado. O sea, todo muy legal aunque no necesariamente justo. Y en eso, De la Vega era la profesional más cualificada del país.
¿A ustedes les extraña que la institución peor vista por los españoles sean los tribunales de justicia? 
Eulogio López http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=141124

domingo, 12 de diciembre de 2010

Más acerca de la justicia en España.

 El diario La Gaceta,http://www.intereconomia.com/la-gaceta
publica hoy un detallado informe que deja en un muy mal lugar a algún servidor público, en este caso fiscal, nada menos que "anticorrupción" ; visto lo visto en otros casos recientes ya tratados en este mismo blog, de nada hay que sorprenderse pero sí indignarse viendo cómo cada día saltan a la luz más casos, no por sabidos o sospechados, menos inquietantes.

A comienzos de este año, el nombre de Pedro Horrach, junto al del también fiscal Joan Carrau, adquirió notoriedad mediática por su participación en el caso Palma Arena y su celo profesional en torno a Jaume Matas, para el que solicitó tres millones de euros de fianza que el ex presidente Balear debía conseguir en 24 horas. Entre otros delitos, se le imputa un presunto enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y falsedad documental, relacionados de un modo u otro con haber escriturado una vivienda por un valor inferior al de mercado.
En 1999, Pedro Horrach –hoy segundo fiscal anticorrupción de Baleares– y su esposa, Ana Zacher, compraron un sobre ático de 217 metros cuadrados, rodeados de otros 318,96 metros cuadrados de terrazas. En total, 536,96 metros cuadrados más una plaza de garaje ubicados en un edificio de la Avenida Picasso, en Palma de Mallorca, con jardín, piscina comunitaria y vistas a la Bahía de Palma.Lo escrituraron en el Registro de la Propiedad por 240.404,84 euros(40.000.000 pesetas). Sin embargo, el banco que otorgó al matrimonio la hipoteca de compra, tasó el ático en 332.234,29 euros (55.279.135 pesetas). O lo que es lo mismo, la entidad bancaria valoró el ático 121.880,06 euros por encima del precio que Horrach declaró en documento público.Esto como valor de subasta, que es inferior al precio de tasación de la vivienda. De acuerdo con las inmobiliarias de Palma de Mallorca consultadas por este periódico, en 1999 el coste del metro cuadrado en esa zona de la isla no bajaba de 841,42 euros (140.000 pesetas). Un año después, en 2000, el precio de la vivienda se incrementó en Baleares un 13,1% de media y continuó ascendiendo hasta 2008. En cualquier caso, el fiscal anticorrupción de Baleares tributó a Hacienda conforme al valor del ático consignado por él en el Registro de la Propiedad, con lo que se evitó pagar 12.167 euros (2.024.418 pesetas).La petición de hipoteca que efectuó el matrimonio no fue por el total del precio que hacen constar en la escritura, sino por algo menos de la mitad: 102.172 euros, crédito que se solicitó a nombre de Ana Zacher. Esto es: 138.232,84 euros fueron pagados en efectivo.En 1999, Pedro Horrach ocupaba una plaza como fiscal de tercera categoría en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.De acuerdo con la legislación vigente, su sueldo debía rondar los 1.202,02 euros. Su mujer, funcionaria del grupo A del cuerpo superior de técnicos de prisiones, percibía un salario de 949,75 euros, sin contar con los complementos.
El beneficio


En 2006, el fiscal anticorrupción y su esposa adquirieron un chalé de 118 metros cuadrados levantado en una parcela de 395 metros cuadrados, localizado también en la isla, en la urbanización Son Bauló, en Can Picafort, a cuatrocientos metros de la costa. El matrimonio le otorgó un valor en escritura pública de 180.000 euros. El mismo día, el BBVA le concedía una hipoteca por el 100% del precio.De nuevo la entidad bancaria estableció su valor en 313.000 euros, casi el doble del precio que hace constar el matrimonio en el registro. El BBVA se centra en el precio de subasta. La empresa Sociedad de Tasación consultada por LA GACETA estima en 2.000 euros el precio del metro cuadrado construido en esa área geográfica en 2006. Por tanto, el precio de mercado del chalé más la parcela rondaba los 450.000 euros.Sus sueldos, eso sí, eran algo superiores a los que percibían cuando compraron el ático; el de Horrach, ascendido en la carrera de la Fiscalía, ya rondaba los 4.000 euros. Su mujer, nombrada jefe del Servicio de Juego de la Conselleria de Interior del Gobierno Balear, percibía en torno a los 1.800 euros, según la Confederación de Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo.
Por segunda vez en seis años, al tributar conforme a lo consignado en documento público, el fiscal anticorrupción pudo dejar de pagar a Hacienda 8.006 euros. En total este matrimonio se ahorró en impuestos 28.153 euros (4.684.265 pesetas), en los pagos por ambos inmuebles.En abril de 2009 el fiscal vendió el chalé. Conforme a lo aportado al registro, la transacción se cerró por 300.000 euros. Un precio muy bajo si se tiene en cuenta que el Deutsche Bank, concesionario de otra hipoteca a los nuevos compradores, tasó el inmueble en 434.439 euros. En la actualidad, aún sin recuperarse el mercado inmobiliario, viviendas similares situadas en Can Picafort se venden por 600.000 euros. 

sábado, 11 de diciembre de 2010

De la justicia en España: Otra sentencia polémica de la Audiencia Nacional.

PROCEDO A REPETIR ESTE POST DADO QUE SEGUN ME COMUNICAN ALGUNOS LECTORES EL PUBLICADO CON ANTERIORIDAD APARECE CON LETRA DIFICILMENTE LEGIBLE; RUEGO  ME DISCULPEN.


La Audiencia Nacional absuelve a los etarras Otegui, Permach y Alvarez en una incomprensible sentencia que, una vez más, aleja a los jueces de los ciudadanos que no comprenden cómo se aplica la Ley en España; o quizá empiezan a comprender demasiado bien a la vista de las últimas revelaciones WikiLeaks dixit, Mario Conde y sus "Dias de Gloria", caso "telecinco" narrrado en el apasionante libro: "Riofrío, la justicia del señor juez" ........etc.etc.
El tribunal deja claro que hubo delito, puesto que durante el acto político se proyectó en una pantalla gigante “una sucesión de imágenes” entre las que se encontraban numerosos miembros de ETA ya fallecidos que fueron aclamados por el público asistente.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudiaba ayer por la tarde la sentencia para ver las posibilidades de recurrir ante el Tribunal Supremo. Fuentes del ministerio público consideraban que si la sentencia hubiera dicho que no había delito, el recurso era seguro, pero que al tratarse de un problema de prueba es mucho más difícil que el eventual recurso prospere.
La Sala concluye que “no existe ningún dato objetivo que vincule a los acusados con el diseño del acto en cuestión” y por tanto no hay pruebas de que tuvieran el dominio funcional del acto.
El tribunal acuerda el levantamiento de las medidas cautelares por este caso, aunque Arnaldo Otegi seguirá por el momento en prisión, ya que en la próxima primavera será juzgado por el caso Batasuna-herriko tabernas, un proceso con 40 imputados, en el que la fiscalía pide para él una pena de 12 años de prisión como integrante de ETA en grado de dirigente. Y es un caso que, teniendo en cuenta las sentencias anteriores sobre el entorno de la banda terrorista, se le presenta muy difícil.
FJ.

De la justicia en España: Otra sentencia polémica de la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional absuelve a los etarras Otegui, Permach y Alvarez en una incomprensible sentencia que, una vez más, aleja a los jueces de los ciudadanos que no comprenden cómo se aplica la Ley en España; o quizá empiezan a comprender demasiado bien a la vista de las últimas revelaciones WikiLeaks dixit, Mario Conde y sus "Dias de Gloria", caso "telecinco" narrrado en el apasionante libro: "Riofrío, la justicia del señor juez" ........etc.etc.

En la sentencia que comentamos,el tribunal deja claro que hubo delito, puesto que durante el acto político se proyectó en una pantalla gigante “una sucesión de imágenes” entre las que se encontraban numerosos miembros de ETA ya fallecidos que fueron aclamados por el público asistente.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudiaba ayer por la tarde la sentencia para ver las posibilidades de recurrir ante el Tribunal Supremo. Fuentes del ministerio público consideraban que si la sentencia hubiera dicho que no había delito, el recurso era seguro, pero que al tratarse de un problema de prueba es mucho más difícil que el eventual recurso prospere.
La Sala concluye que “no existe ningún dato objetivo que vincule a los acusados con el diseño del acto en cuestión” y por tanto no hay pruebas de que tuvieran el dominio funcional del acto.
El tribunal acuerda el levantamiento de las medidas cautelares por este caso, aunque Arnaldo Otegui seguirá por el momento en prisión, ya que en la próxima primavera será juzgado por el caso Batasuna-herriko tabernas, un proceso con 40 imputados, en el que la fiscalía pide para él una pena de 12 años de prisión como integrante de ETA en grado de dirigente. Y es un caso que, teniendo en cuenta las sentencias anteriores sobre el entorno de la banda terrorista, se le presenta muy difícil.
F.J.

martes, 5 de octubre de 2010

¿Esto es Justicia?: El caso del preso, sin deltos de sangre, mas antiguo de España.



El preso Miguel Francisco Montes Neiro, al que su defensa considera el más antiguo de España por haber enlazado condenas desde hace 34 años, había solicitado a la Audiencia Provincial de Granada que decretase su salida de prisión, al considerar que ha cumplido el “plazo máximo” de 20 años que podría aplicarse a su caso y que no se le ha contabilizado el tiempo que ha permanecido en prisión preventiva.

Según informa El Confidencial,http://www.elconfidencial.com/ en el escrito se desestima la refundición de las condenas pedidas por su letrado. Según Félix Martín, abogado de Neiro, “esto es una barrabasada que no se puede entender. Tengo clientes que tienen en su haber penas muchísimo más graves y están en la calle. Este pronunciamiento es como una cadena perpetua para mi defendido. Vamos a recurrir al Supremo, pero lo que me preocupa realmente es que Miguel no aguanta más. Su estado es lamentable, y tanto la familia como yo tememos por su vida”

Su primera condena fue en 1976, en Ceuta, cuando cumplía el servicio militar y se fugó para no seguir en el ejército. Esta fue la primera fuga de otras cinco. El  defensor del recluso presentó un escrito en el que sostiene que, a pesar de que su cliente ha estado cumpliendo pena de cárcel desde el 7 de octubre de 1976 por una veintena de causas -con cinco periodos en los que permaneció fugado-, éstas nunca han sido refundidas de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.
Félix Martín adjunta a su escrito una relación de las once condenas de su cliente, la más grave de las cuales fue castigada con seis años de prisión por un delito contra la salud pública. Además, admite que entre 1978 y 2006 su cliente ha permanecido casi 1.400 días evadido de la justicia y que, según sus cálculos, se le debería contabilizar 16.822 días en prisión provisional, es decir, 46 años y ocho meses.
En el escrito que ha desestimado la Audiencia Provincial de Granada, la defensa  argumenta que, según el Código Penal, “el máximo de cumplimiento efectivo de la condena no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años”.
Montes Neiro ingresó en prisión el 7 de octubre de 1976. En 2009 realizó una huelga de hambre de un mes y medio en demanda de asistencia sanitaria. En noviembre de ese año escribió una carta en la que solicitaba que le hicieran “bien” la cuenta sobre su condena. “Más que fugado, estoy cansado de soportar tanta injusticia, tanta sinrazón, tanta trampa. Que cometí delitos es cierto. Pero estoy convencido de haberlos pagado”.
La familia está luchando por él. Su letrado esta preocupado. “Ahora lo que tememos es su reacción ante la noticia -declara Félix Martín a El Confidencial-. Había puesto muchas esperanzas en este último escrito que elevamos a la audiencia de Granada. Miguel, que ha tenido de compañero de prisión a imputados como Julián Muñoz, el ex-alcalde de Marbella imputado en el caso Malaya por delitos de corrupción urbanística,  no entiende que el solo por tentativa de robo este dentro del recinto penitenciario y  el otro recluso con penas probadas esté paseando por las playas de Ibiza. Realmente es injusto”.

Resulta inconcebible, vergonzoso e injusto este caso, en sí mismo considerado y más todavía si se analiza como agravio comparativo; cuántos asesinos de la banda criminal ETA, manchados de sangre hasta más arriba de sus pelos están paseando por las calles de sus pueblos y de paso ofendiendo a las pobres víctimas que tienen la desgracia de ser sus vecinas; algunos, apenas han cumplido diez años de prisión, la mayoría menos de veinte.
Desconozco si el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tendría competencias en este caso; desde luego si tuviera algo que decir sería, sin duda, favorable a este pobre hombre.
Dicho Tribunal ha dictado algunas sentencias, muy comentadas, en las que ha dejado en evidencia, a los tribunales españoles anulando algunas  sentencias de éstos precisamente por haber faltado al sacrosanto respeto de dichos derechos.
F.J.