La Audiencia Nacional absuelve a los etarras Otegui, Permach y Alvarez en una incomprensible sentencia que, una vez más, aleja a los jueces de los ciudadanos que no comprenden cómo se aplica la Ley en España; o quizá empiezan a comprender demasiado bien a la vista de las últimas revelaciones WikiLeaks dixit, Mario Conde y sus "Dias de Gloria", caso "telecinco" narrrado en el apasionante libro: "Riofrío, la justicia del señor juez" ........etc.etc.
El tribunal deja claro que hubo delito, puesto que durante el acto político se proyectó en una pantalla gigante “una sucesión de imágenes” entre las que se encontraban numerosos miembros de ETA ya fallecidos que fueron aclamados por el público asistente.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudiaba ayer por la tarde la sentencia para ver las posibilidades de recurrir ante el Tribunal Supremo. Fuentes del ministerio público consideraban que si la sentencia hubiera dicho que no había delito, el recurso era seguro, pero que al tratarse de un problema de prueba es mucho más difícil que el eventual recurso prospere.
La Sala concluye que “no existe ningún dato objetivo que vincule a los acusados con el diseño del acto en cuestión” y por tanto no hay pruebas de que tuvieran el dominio funcional del acto.
El tribunal acuerda el levantamiento de las medidas cautelares por este caso, aunque Arnaldo Otegi seguirá por el momento en prisión, ya que en la próxima primavera será juzgado por el caso Batasuna-herriko tabernas, un proceso con 40 imputados, en el que la fiscalía pide para él una pena de 12 años de prisión como integrante de ETA en grado de dirigente. Y es un caso que, teniendo en cuenta las sentencias anteriores sobre el entorno de la banda terrorista, se le presenta muy difícil.
El tribunal deja claro que hubo delito, puesto que durante el acto político se proyectó en una pantalla gigante “una sucesión de imágenes” entre las que se encontraban numerosos miembros de ETA ya fallecidos que fueron aclamados por el público asistente.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudiaba ayer por la tarde la sentencia para ver las posibilidades de recurrir ante el Tribunal Supremo. Fuentes del ministerio público consideraban que si la sentencia hubiera dicho que no había delito, el recurso era seguro, pero que al tratarse de un problema de prueba es mucho más difícil que el eventual recurso prospere.
La Sala concluye que “no existe ningún dato objetivo que vincule a los acusados con el diseño del acto en cuestión” y por tanto no hay pruebas de que tuvieran el dominio funcional del acto.
El tribunal acuerda el levantamiento de las medidas cautelares por este caso, aunque Arnaldo Otegi seguirá por el momento en prisión, ya que en la próxima primavera será juzgado por el caso Batasuna-herriko tabernas, un proceso con 40 imputados, en el que la fiscalía pide para él una pena de 12 años de prisión como integrante de ETA en grado de dirigente. Y es un caso que, teniendo en cuenta las sentencias anteriores sobre el entorno de la banda terrorista, se le presenta muy difícil.
FJ.
2 comentarios:
Pero ¿nos vamos a extrañar de algo?
La Audiencia Nacional si no, en pleno, si en esencia come en Currito con el Ministro de la cosa. Ya lo hizo un ministro de justicia (sic) con Garzón. Y sólo son las cositas de las que nos enteramos. Y es que un ministro puede hacer lo que le salga de los cojones, sin ocultarlo, proclamándolo incluso.
La justicia se encarna ahora en los pocos jueces que son fieles a su misión y a su deber. Quizá me equivoco al hablar de pocos; a lo mejor son muchos. Recordemos a Pareto y su ley del 20-80. Aquí: un 20% de los jueces decide el 80% de las sentencias influyentes e importantes.
Pero no solo es eso. La judicatura tiende a acoger las teorías políticamente correctas que mantienen que no importa tanto que los jueces apliquen la ley como que atiendan a los intereses sociopoliticos en juego. O sea, mancharse las togas. Nunca el término mancharse había sido utilizado con tanto sentido. No se molestaran porque les consideremos manchados por los polvos de los caminos. Presumen de ello.
Hay otro punto a destacar en ese atrincheramiento judicial. El refugiarse en los hechos probados para impedir que los tribunales superiores examinen los fundamentos de derecho. Se da una interpretación arbitraria a los hechos probados y de ahí se aplica un razonamiento jurídico impecable. La trampa está tendida, porque la impugnación de los hechos que se declaran probados (y cualquier juez o tribunal puede declarar probado el hecho que le dé la gana, esa es la cruda realidad) es terriblemente difícil, lindante en lo imposible.
Ahí está el proceso 20/2004, el del atentado de 11 de marzo de 2004. Algo cerrado en falso ya que algún día reventará, directa o indirectamente. Un atentado que sirvió para que Rubalcaba alzara como presidente del gobierno al que ahora sigue apoyándose lastimosamente en sus hombros, ahora que Rubalcaba ha llegado claramente a su nivel de incompetencia con su última entronización.
En la sentencia del 11-M se declararon probadas las cosas más improbables, las más carentes de prueba firme, las más insólitas. Años después el Ministro del Interior condecoraba al presidente y ponente de aquel juicio, con distintivo rojo, naturalmente.
Una sentencia dictada en un tribunal en la que los otros dos magistrados dejaron hacer. Por cierto, destacaba la forma de sestear a un magistrado apellidado García Nicolás, que también ha formado del tribunal que ha absuelto a Otegui.
Pero ¿nos vamos a extrañar de algo?
La Audiencia Nacional si no, en pleno, si en esencia come en Currito con el Ministro de la cosa. Ya lo hizo un ministro de justicia (sic) con Garzón. Y sólo son las cositas de las que nos enteramos. Y es que un ministro puede hacer lo que le salga de los cojones, sin ocultarlo, proclamándolo incluso.
La justicia se encarna ahora en los pocos jueces que son fieles a su misión y a su deber. Quizá me equivoco al hablar de pocos; a lo mejor son muchos. Recordemos a Pareto y su ley del 20-80. Aquí: un 20% de los jueces decide el 80% de las sentencias influyentes e importantes.
Pero no solo es eso. La judicatura tiende a acoger las teorías políticamente correctas que mantienen que no importa tanto que los jueces apliquen la ley como que atiendan a los intereses sociopoliticos en juego. O sea, mancharse las togas. Nunca el término mancharse había sido utilizado con tanto sentido. No se molestaran porque les consideremos manchados por los polvos de los caminos. Presumen de ello.
Hay otro punto a destacar en ese atrincheramiento judicial. El refugiarse en los hechos probados para impedir que los tribunales superiores examinen los fundamentos de derecho. Se da una interpretación arbitraria a los hechos probados y de ahí se aplica un razonamiento jurídico impecable. La trampa está tendida, porque la impugnación de los hechos que se declaran probados (y cualquier juez o tribunal puede declarar probado el hecho que le dé la gana, esa es la cruda realidad) es terriblemente difícil, lindante en lo imposible.
Ahí está el proceso 20/2004, el del atentado de 11 de marzo de 2004. Algo cerrado en falso ya que algún día reventará, directa o indirectamente. Un atentado que sirvió para que Rubalcaba alzara como presidente del gobierno al que ahora sigue apoyándose lastimosamente en sus hombros, ahora que Rubalcaba ha llegado claramente a su nivel de incompetencia con su última entronización.
En la sentencia del 11-M se declararon probadas las cosas más improbables, las más carentes de prueba firme, las más insólitas. Años después el Ministro del Interior condecoraba al presidente y ponente de aquel juicio, con distintivo rojo, naturalmente.
Una sentencia dictada en un tribunal en la que los otros dos magistrados dejaron hacer. Por cierto, destacaba la forma de sestear a un magistrado apellidado García Nicolás, que también ha formado del tribunal que ha absuelto a Otegui.
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