Guerra sucia y economía, II.- Mas sobre las memorias de Alfonso Guerra.

Alfonso Guerra presenta su libo de memorias

En el artículo anterior se citan las revelaciones de Alfonso Guerra, A.G. (ex vicepresidente del gobierno socialista de Felipe González),  en su tercer tomo de memorias,  sobre la persecución al banquero Mario Conde.

Con relación al famoso ex juez prevaricador Baltasar Garzón, dice en su citado libro el ex vicepresidente cosas tan jugosas como las siguientes:

Cuando el juez Garzón entró en las listas del PSOE en 1993, este pidió al partido cobrar una compensación por abandonar sus funciones como juez. Guerra estuvo de acuerdo, pero había de hacerse de manera legal y con firma del recibo. Garzón según cuenta Guerra, no aceptó, así que finalmente no recibió ningún tipo de remuneración.

 A quienes han seguido de cerca la trayectoria biográfica del ex magistrado, las revelaciones de A. G. no les han sorprendido lo mas mínimo pues ya se sabían sus estrechas relaciones con el banquero Botín, y se conocían también, a través de los testimonios de algunos de sus colegas magistrados así como de los justiciables que le padecieron, de su escasa profesionalidad como juez instructor, de su egocentrismo teatral y sus ambiciones desmedidas de publicidad que al final le costaron la condena del CGPJ. Por eso, cuando ahora A.G. ha dicho lo que ha dicho, no hace más que constatar una realidad bien conocida por los que se mueven en las esferas políticas, económicas y judiciales.

Alfonso Guerra, que ha sido una especie de conciencia malvada de los socialistas españoles, en su libro de memorias, no se ahorra críticas a Felipe González y a su corte de "aduladores":  Joaquín Almunia,  Javier Solana,  Carlos Solchaga, José María Maravall, Joaquín Leguina, Narcís Serra,el periodista Javier Pradera, Manuel Chaves, José Luis Rodríguez Zapatero, Elena Salgado, y otros.

Por el libro pasan todos los que fueron y muchos de los que son....una larga lista de políticos socialistas que jugaron un papel importante en las diferentes legislaturas socialistas.

Hombre minucioso, intrigante y trabajador, Guerra fue uno de los artífices de la actual Constitución. Ahora, en su senilidad, en medio de la crisis política e institucional del pais,  Alfonso Guerra trata de eludir sus responsabilidades durante aquel oscuro periodo histórico de finales de los 80 y principios de los 90, en el que los casos de Filesa, la guerra sucia de los Gal y los pelotazos económicos presidieron la acción de un Gobierno al que pertenecía. Aunque quizá ya sea muy tarde.

F.J.de C.

Guerra sucia y economía: La intervención de Banesto fue una venganza de Solchaga contra Conde por el escándalo de Ibercorp

Las recientes memorias de Alfonso Guerra, "Una página difícil de arrancar. Memorias de un socialista sin fisuras", (Planeta, 2013),  el que fuera todopoderoso vicepresidente del gobierno de Felipe González   destapa  algunos sucesos y revela ciertas circunstancias que aclaran muchas de las cosas que en su momento fueron ocultadas a la opinión pública o lo que es todavía peor amañadas y distorsionadas en función de las circunstancias políticas e intereses económicos del momento;  así  descubre algunas actividades del exjuez prevaricador Garzón, que en su momento trataremos y  con los sucesos que dieron lugar a la intervención del entonces primer banco español, BANESTO y la persecución posterior con resultado de cárcel para su presidente Mario Conde, que comentamos hoy, reproduciendo de www.diariocrítico.com el artículo que sigue a continuación.

F.J.de C.

- Conde se negó a comprar Ibercorp, lo que hubiera evitado un escándalo para los social-liberales de Solchaga
"La iniciativa de la intervención de Banesto tuvo su motivación en la negativa de Mario Conde de hacerse cargo de Ibercorp". De esta forma tan tajante lo asegura el que fuera 'número dos' del Gobierno y del PSOE, Alfonso Guerra, en su último libro de memorias. Guerra dice textualmente que la decisión de Conde de no comprar Ibercorp para evitar el escándalo de los amigos de Solchaga motivó la 'venganza' de los 'social-liberales' del PSOE, que decidieron intervenir Banesto para castigar a Conde. Guerra vuelve a liarla, y a lo grande.
En su libro de memorias que acaba editar Planeta, Alfonso Guerra, escribe lo siguiente en su página 97:
         "Un asunto lateral que había de producir mucho ruido fue la intervención por el Banco de España del Banco Español de Crédito, cuyo presidente era Mario Conde. No se trata de que no hubiera razones para la intervención, pero tal parece que la iniciativa tuvo su motivación en la negativa de Conde a hacerse cargo de lbercorp. Acudieron a Conde el clan de los amigos, Mariano Rubio y Carlos Solchaga, antes de que estallase el escándalo con objeto de taparlo. Él no aceptó, y se vengaron con la intervención. Claro que encontraron razones, irregularidades -semejantes a las de Ibercorp- para hacerlo, pero la elección tuvo su origen en la operación de los puros en Ibercorp".
El escándalo de Ibercorp estalló en 1992 y le costó el cargo, entre otras cosas, al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, así como a otras personas vinculadas al entonces ministro 'en alza' Carlos Solchaga. Un año después, en diciembre de 1993, el ministro de Economía, Solchaga, y el nuevo gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, decidieron la intervención de Banesto, que lo presidía Mario Conde.
Los protagonistas del 'caso Ibercorp'
No se puede entender al completo lo narrado por Alfonso Guerra si no recuerda, aunque sea someramente, el caso de aquel chiringuito financiero que algunos montaron cuando en España era muy fácil dar 'un pelotazo de la noche a la mañana'.
El 'caso Ibercorp' se destapó el 12 de febrero de 1992: fue un gran escándalo que implicó a destacadas personalidades financieras a raíz del descubrimiento de la falsedad de los listados de vendedores de acciones de Sistemas Financieros. Y es que sus principales impulsores, Manuel De la Concha (fallecido en 2011) y Jaime Soto, habían eliminado de esas listas a personalidades de la vida política y económica española, entre ellas al entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio. Además habían omitido sus ventas propias con un entramado de sociedades 'fantasma', a través de las que realizaron una compleja operación de autocartera.
La ocultación de información del Grupo Ibercorp a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desveló una trama de irregularidades, desencadenó procesos administrativos y jurídicos contra sus responsables, encabezados por Manuel de la Concha, Jaime Soto y Benito Tamayo, y truncó la posibilidad de un tercer mandato de Mariano Rubio como gobernador del Banco de España, entre otras muchas cosas, como impedir que los social-liberales de Solchaga se hicieran con el poder en el Partido Socialista, según revela Guerra.
Como consecuencia de ese escándalo, Mariano Rubio Jiménez (1931-1999) cesó en el Banco de España en 1992 y llegó a ingresar en prisión provisional en mayo de 1996, de la que saldría bajo fianza a petición del Fiscal Jefe de Madrid Mariano Fernández Bermejo. Su sucesor, Luis Ángel Rojo llevó adelante la intervención de Banesto, de la que Alfonso Guerra sostiene que fue una vendetta contra Conde por no haber comprado Ibercorp en su momento y haber evitado el escándalo.
Las peleas internas del PSOE
Guerra revela en sus memorias lo que se cocía en la cocina interna socialista, y cuya lucha por el poder motivaron todas estas acciones. Todo se iniciaría en 1991, con el estallido del 'caso Filesa', o supuesta financiación irregular del PSOE.
En ese momento, los social-liberales como el navarro Carlos Solchaga ("el enano", según le llamaba Txiqui Benegas en una conversación que le grabó el Cesid) se amotinaron y lucharon por la dirección del PSOE, pero pasaron cosas que "les pusieron en su sitio": la primera fue la de Ibercorp de Manuel de la Concha y Jaime Soto, amigos de Mariano Rubio, Miguel Boyer y Carlos Solchaga (página 96 del libro de memorias). Ése es el origen del 'caso Banesto', según Guerra.
Escribe Guerra:
  "Empezó a gestarse así una fisura que dividía de manera artificial a los que estaban involucrados en las irregularidades (lean corrupción) y los garantes de la limpieza, que, cosa curiosa, coincidían con los social-liberales opuestos a la dirección del partido. La teoría que fueron expandiendo con el apoyo de los medios colocaba al 'aparato' del partido como la imagen turbia del socialismo y a los miembros del Gobierno cercanos al liberalismo como los defensores de una nueva forma de hacer política; aquéllos cerrados en su 'aparato', éstos abiertos a la sociedad, aquéllos involucrados en operaciones económicas sucias, éstos limpios, sin mancha que pudiera obstaculizar su imparable ascenso hacia el timón del socialismo 'decente'".
Pero la evidencia de los hechos les derribó el castillo de naipes levantado para desplazar al socialismo hacia posiciones más tibias ideológica y políticamente. La primera perla de la limpieza vino de la mano de los amigos economistas, como escribe Guerra:
  "Años atrás el Gobierno había concedido -a pesar de mi oposición y mi señalamiento del grupo de especuladores a quienes se entregaba- una ficha bancaria a Ibercorp, entidad pilotada por Manuel de la Concha y Jaime Soto, que formaban parte del clan de amigos de Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, Miguel Boyer, ministro de Economía cuando se otorgó la autorización, y Carlos Solchaga, ministro de Industria entonces, y de Economía cuando estalló el escándalo de las irregularidades del grupo financiero y se descubrió que estaba complicado el propio gobernador del Banco de España".
Como recuerda el propio Guerra, los Grupos Parlamentarios pidieron la dimisión de Rubio y la creación de una comisión de investigación. El Gobierno se opuso. Solchaga acudió a la reunión de la Comisión Ejecutiva a explicar el asunto y manifestó solemnemente que 'pondría la mano en el fuego' por Mariano Rubio.
  "El Banco de España acabó por intervenir Ibercorp después de múltiples intentos de que algún banco lo comprase, y Mariano Rubio terminó dimitiendo del cargo. La investigación mostró que la inspección del Banco de España conocía con anterioridad las irregularidades del grupo. Fue el primer indicio claro de que las operaciones económicas turbias no estaban en el 'aparato', sino que más bien vivían de los conmilitones de sus acusadores".

El Tribunal Supremo salva a Garzón de cohecho y archiva la causa por prescripción.

Factura cena y restaurante Solera de Nueva York

A los cuatro dias de que el Tribunal Supremo (T.S.) condenara al juez Garzón por ordenar las escuchas del "caso Gürtel", lo que ha supuesto su expulsión de la carrera judicial por prevaricación, el magistrado del T.S. Manuel Marchena ha archivado hoy una nueva causa abierta al ya ex juez Baltasar Garzón por el patrocinio de cinco empresas españolas a los cursos que dio la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006 al considerar que el delito de cohecho impropio que le imputaba está prescrito.
Así lo ha acordado Marchena en un auto en el que determina que "el transcurso del plazo de tres años es innegable, con el consiguiente efecto extintivo en la responsabilidad criminal en que hubiera podido incurrir" el acusado.
Es muy interesante considerar algunos aspectos de dicho auto, que aunque exculpatorios  legalmente de la responsabilidad criminal, resultan absolutamente demoledores en cuanto que definen de forma magistral una conducta moralmente rechazable para la exigencia de moral intachable  que debería  presidir la conducta de un juez honesto.
Estos fueron los hechos: El pasado 26 de enero, el magistrado imputó a Garzón un delito de cohecho impropio al estimar que las cantidades abonadas por los patrocinadores de sus cursos "tuvieron siempre relación directa" con su condición de juez.
Así, relata que el juez contactó con responsables del Banco Santander, BBVA, Telefónica y Cepsa para reclamar "ayuda económica" y que esas empresas "tenían en común el haber sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos" en el Juzgado del que Garzón era titular en laAudiencia Nacional.
Garzón, añade el instructor, llegó a solicitar hasta 2.595.375 dólares, aunque las entidades rebajaron la cuantía reclamada, algunas por el carácter "injustificado de los presupuestos" y otras "por la falta de seriedad en la descripción de los proyectos de convenio".
"Mediante esas gestiones, Garzón obtuvo para la Universidad que le abonaba sus honorarios, pagaba a su asistenta personal, cubría los gastos de escolarización de su hija y, además, ponía a su disposición una elevada retribución en especie", la cantidad total de 1.237.000 dólares.
Respecto a si recibió esos patrocinios por su condición de juez, Marchena subraya que "la respuesta es bien sencilla: las cartas, documentos y certificaciones incorporados a la causa hablan por sí solos".
A ello añade que la declaración de los testigos sugiere que el dinero fue entregado "en atención al cargo de quien se lo solicitaba o para la consecución de algún acto justo o injusto" lo cual, de no ser por la prescripción, "habría acarreado unas consecuencias jurídicas inmediatas" y un "desenlace bien distinto" al del archivo.
Así mismo, Marchena considera de un "significado jurídico incuestionable" que años después (B.Garzón)no se abstuviera de instruir una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín.
De hecho, el instructor afirma que Garzón "consideró oportuno ocultar al fiscal y a las partes la concurrencia de una causa que podría perturbar su imparcialidad" y que, cuando lo hizo, "estaba demostrando que el deber de agradecimiento generado por la dádiva -que en otro momento califica de 'generosa'- interfería ya el ejercicio íntegro de su función jurisdiccional".
Señala también que, aunque el uso de un sobre con el membrete oficial de su Juzgado para hacer sus peticiones "encaja perfectamente en la metodología recaudatoria puesta en marcha" por Garzón, no basta con "esa censurable estrategia de persuasión" para poder acusarle del delito de intimidación.
Los abogados  de la acusación, José Luis Mazón y Antonio Panea, ya han anunciado que recurrirán el auto por el que  el magistrado ordena el archivo de la causa.
F.J.

Nota Bene: En la foto, el restaurante español Solera, escenario de la cena pagada por el ex juez Garzón con cargo a los cursos patrocinados por el Banco Santander; el importe de la factura asciende a 4.575USAD  y entre los asistentes, figuran ademas del anfitrión BG el ex presidente F.Gonzalez y Kissinger. ex Secretario de Estado de los USA.

Francisco Camps y Ricardo Costa declarados NO culpables: Una cacería sin pieza

F. Camps(dcha) y R.Costa(izq)

Antecedentes

El denominado caso Gürtel es la investigación instruida por el entonces juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, hoy separado de la judicatura e imputado por el Tribunal Supremo por prevaricación en tres casos distintos.
La operación Gürtel fue iniciada en febrero de 2009, con el fin de desentrañar una presunta red de corrupción vinculada al Partido Popular.
La trama estaría encabezada por el empresario Francisco Correa, cuyo apellido en alemán da nombre al caso («gürtel» se traduce como "cinturón", vocablo semejante a «gurt», que significa "correa").
El caso Gürtel fue destapado por el diario El País,sirviéndose de filtraciones ilegales provinientes de sumarios teóricamente secretos.
Según afirmó el propio juez Baltasar Garzón, el presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps y otros altos cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana habrían concedido adjudicaciones a empresas, supuestamente a cambio de regalos, como trajes, chaquetas, pantalones, etc.;sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia decidió por dos votos contra uno anunciar que no se habían encontrado indicios suficientes de la relación de dichos trajes con los contratos, por lo que se sobreseyó el caso.
Reapertura del caso

Fue la entonces poderosa vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega la que ordenó a la Fiscalía reabrir el caso que ha terminado después de tres años de un juicio paralalelo sin precedentes, promoviendo la acusación contra Camps y Costa y su juicio paralelo.

Famosa cacería

Unos dias despues de estallar el caso Gürtel se reunieron en una celebrada cacería,en una finca a caballo entre Castilla-La Mancha y Andalucía el entonces ministro de Justicia y fiscal de carrera, F. Bermejo, el juez, Garzón,, hoy en el banquillo del T. Supremo, una fiscal cuyo nombre no recuerdo y un preboste de la Policía político/judicial de entonces, hoy felizmente destituido,  que responde a las iniciales JAG.

Estos son los antecedentes que precedieron y alimentaron un juicio paralelo contra el entonces presidente valenciano Francisco Camps y su segundo Ricardo Costa los cuales durante estos tres largos años se han visto sometidos a juicios especiales, sumarísimos y paralelos por los medios de comunicación adictos al partido socialista hasta el punto de que el mismo PSOE  se constituyó en acusación popular contra ellos.

Por su parte Camps, "decidió voluntariamente renunciar al cargo de Presidente de la Comunidad para no perjudicar ni a la Comunidad Valenciana ni al PP y poder defender su inocencia.

Nuevo juicio y sentencia absolutoria

El 12-12-2011, comienza en Valencia el nuevo juicio contra Camps y Costa que ha durado 45 diasde calendario equivalentes a veintiseis jornadas de sesiones; tras dos días y medio de discusiones, los nueve miembros del jurado resolvieron por votación 5 a 4 las 21 preguntas que les había remitido el magistrado de la causa, Juan Climent. El destino de Camps y Costa quedaba resuelto: eran ambos declarados NO CULPABLES y el magistrado cerraba el caso con una orden a los miembros del jurado: su deliberación debía permanecer “secreta siempre”.

Consderaciones generales

1.- El veredicto absolutorio del jurado, 5 a 4  es totalmente válido y ajustado. Para considerar culpable a Camps y Costa deberían alterarse votos, pues mientras la inculpabilidad exige cinco votos, la culpabilidad hubiera exigido siete mínimo.
2.- La  ley que estableció el Tribunal del Jurado fue  aprobada durante el último gobierno de Felipe González después de una amplia campaña de apoyo por toda la prensa adicta que ahora considera inadecuada la figura del jurado para este caso,  cuando precisamente dicha ley  atribuye expresamente a éste la competencia para entender del delito de cohecho.
3.- En un Estado de Derecho quienes acusan deben probar que el acusado cometió delito; en este caso,  que Camps y Costa no pagaron los trajes, que pagaron los personajes señalados y que, además, lo hicieron en consideración a la función de estos o para conseguir de ellos de un acto no prohibido legalmente.
4.- Los medios de comunicación adictos al PSOE (y/o) al gobierno anterior:  El Pais, Público, Prisa, RTVE ¡todavía!, han falseado sistemáticamente y a sabiendas los términos del caso haciendo ver que era el acusado quien debía probar que había pagado sus trajes.
5.- La campaña ha sido tan sucia  que los  medios de comunicación acusadores, además de conseguir las conversaciones telefónicas intervenidas, y todas las delictivas filtraciones del sumario han manipulado, además, los informes recibidos utilizando interesadamente  sus fragmentos y  haciéndoles decir lo contrario de lo que dicen.
6.- Tras el veredicto siguen los mismos medios pro-socialistas expresando «dudas» y suspicacias respecto a la conducta de Camps/Costa. Su mas reciente campaña incide en atosigar al PP retándole a que restituya a Camps en la Presidencia valenciana, si es que de verdad le consideran inocente, llegando a afirmar con atrevida insolencia que “por algo guardan silencio (en el PP) sobre cual será el futuro político de Camps”.
7.- Están (dichos medios) tan rabiosos que no pueden ocultarlo; así  El Pais, en la columna titulada 'Un tribunal profesional no lo habría absuelto' escribe "Bueno, jurídicamente absuelto, pero moralmente condenado".
Mario Conde, buen conocedor de las mendaces campañas de El País, por haberlas padecido en propia carne, dijo en la tertulia de Intereconomía TV , “El Gato al agua”.

“Lo que ha hecho El País con este caso no ha sido un juicio paralelo, ha sido infame. Sencillamente infame y me alegro de que lo haya hecho porque de esta manera podemos saber que El País lleva haciendo esto, juicios políticos donde tiene un interés concreto desde hace tiempo”, ….., ...El País se ha empeñado en dos cosas: Primero, en la condena de Camps, Segundo, la absolución total del Sr. Garzón. (...) Han llegado a titular: "Si condenan a Garzón, el Tribunal Supremo será el hazmerreír internacional". Llegan hasta ahí.

Consideraciones finales

Parece claro que el derecho a la presunción de inocencia que garantiza el artículo 24 de nuestra  Constitución ha sido vulnerado repetidamente produciendo un daño irreparable al honor, a la imagen e incluso a la salud de los injustamente acusados.

¿Cómo reparar ahora tanto daño causado?

¿Por qué  además ese derroche de medios para un presunto delito que en términos económicos estaría valorado en no mas de12.000 euros?

En este juicio han intervenido nada menos que tres fiscales, cuando en un juicio por terrorismo, por ejemplo, solamente interviene uno.

Añádanse los costes del jurado y de toda la estructura judicial que ha estado volcada en esta causa durante tres años ¿quién va a pagar todos estos costes? la respuesta es obvia, como siempre, el sufrido español que al parecer solo le queda como mucho el derecho al pataleo y la obligación de pagar impuestos.

F.J.

nota: ver video adjunto  http://youtu.be/JtEKj0Lj4Eo