Francisco Camps y Ricardo Costa declarados NO culpables: Una cacería sin pieza

F. Camps(dcha) y R.Costa(izq)

Antecedentes

El denominado caso Gürtel es la investigación instruida por el entonces juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, hoy separado de la judicatura e imputado por el Tribunal Supremo por prevaricación en tres casos distintos.
La operación Gürtel fue iniciada en febrero de 2009, con el fin de desentrañar una presunta red de corrupción vinculada al Partido Popular.
La trama estaría encabezada por el empresario Francisco Correa, cuyo apellido en alemán da nombre al caso («gürtel» se traduce como "cinturón", vocablo semejante a «gurt», que significa "correa").
El caso Gürtel fue destapado por el diario El País,sirviéndose de filtraciones ilegales provinientes de sumarios teóricamente secretos.
Según afirmó el propio juez Baltasar Garzón, el presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps y otros altos cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana habrían concedido adjudicaciones a empresas, supuestamente a cambio de regalos, como trajes, chaquetas, pantalones, etc.;sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia decidió por dos votos contra uno anunciar que no se habían encontrado indicios suficientes de la relación de dichos trajes con los contratos, por lo que se sobreseyó el caso.
Reapertura del caso

Fue la entonces poderosa vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega la que ordenó a la Fiscalía reabrir el caso que ha terminado después de tres años de un juicio paralalelo sin precedentes, promoviendo la acusación contra Camps y Costa y su juicio paralelo.

Famosa cacería

Unos dias despues de estallar el caso Gürtel se reunieron en una celebrada cacería,en una finca a caballo entre Castilla-La Mancha y Andalucía el entonces ministro de Justicia y fiscal de carrera, F. Bermejo, el juez, Garzón,, hoy en el banquillo del T. Supremo, una fiscal cuyo nombre no recuerdo y un preboste de la Policía político/judicial de entonces, hoy felizmente destituido,  que responde a las iniciales JAG.

Estos son los antecedentes que precedieron y alimentaron un juicio paralelo contra el entonces presidente valenciano Francisco Camps y su segundo Ricardo Costa los cuales durante estos tres largos años se han visto sometidos a juicios especiales, sumarísimos y paralelos por los medios de comunicación adictos al partido socialista hasta el punto de que el mismo PSOE  se constituyó en acusación popular contra ellos.

Por su parte Camps, "decidió voluntariamente renunciar al cargo de Presidente de la Comunidad para no perjudicar ni a la Comunidad Valenciana ni al PP y poder defender su inocencia.

Nuevo juicio y sentencia absolutoria

El 12-12-2011, comienza en Valencia el nuevo juicio contra Camps y Costa que ha durado 45 diasde calendario equivalentes a veintiseis jornadas de sesiones; tras dos días y medio de discusiones, los nueve miembros del jurado resolvieron por votación 5 a 4 las 21 preguntas que les había remitido el magistrado de la causa, Juan Climent. El destino de Camps y Costa quedaba resuelto: eran ambos declarados NO CULPABLES y el magistrado cerraba el caso con una orden a los miembros del jurado: su deliberación debía permanecer “secreta siempre”.

Consderaciones generales

1.- El veredicto absolutorio del jurado, 5 a 4  es totalmente válido y ajustado. Para considerar culpable a Camps y Costa deberían alterarse votos, pues mientras la inculpabilidad exige cinco votos, la culpabilidad hubiera exigido siete mínimo.
2.- La  ley que estableció el Tribunal del Jurado fue  aprobada durante el último gobierno de Felipe González después de una amplia campaña de apoyo por toda la prensa adicta que ahora considera inadecuada la figura del jurado para este caso,  cuando precisamente dicha ley  atribuye expresamente a éste la competencia para entender del delito de cohecho.
3.- En un Estado de Derecho quienes acusan deben probar que el acusado cometió delito; en este caso,  que Camps y Costa no pagaron los trajes, que pagaron los personajes señalados y que, además, lo hicieron en consideración a la función de estos o para conseguir de ellos de un acto no prohibido legalmente.
4.- Los medios de comunicación adictos al PSOE (y/o) al gobierno anterior:  El Pais, Público, Prisa, RTVE ¡todavía!, han falseado sistemáticamente y a sabiendas los términos del caso haciendo ver que era el acusado quien debía probar que había pagado sus trajes.
5.- La campaña ha sido tan sucia  que los  medios de comunicación acusadores, además de conseguir las conversaciones telefónicas intervenidas, y todas las delictivas filtraciones del sumario han manipulado, además, los informes recibidos utilizando interesadamente  sus fragmentos y  haciéndoles decir lo contrario de lo que dicen.
6.- Tras el veredicto siguen los mismos medios pro-socialistas expresando «dudas» y suspicacias respecto a la conducta de Camps/Costa. Su mas reciente campaña incide en atosigar al PP retándole a que restituya a Camps en la Presidencia valenciana, si es que de verdad le consideran inocente, llegando a afirmar con atrevida insolencia que “por algo guardan silencio (en el PP) sobre cual será el futuro político de Camps”.
7.- Están (dichos medios) tan rabiosos que no pueden ocultarlo; así  El Pais, en la columna titulada 'Un tribunal profesional no lo habría absuelto' escribe "Bueno, jurídicamente absuelto, pero moralmente condenado".
Mario Conde, buen conocedor de las mendaces campañas de El País, por haberlas padecido en propia carne, dijo en la tertulia de Intereconomía TV , “El Gato al agua”.

“Lo que ha hecho El País con este caso no ha sido un juicio paralelo, ha sido infame. Sencillamente infame y me alegro de que lo haya hecho porque de esta manera podemos saber que El País lleva haciendo esto, juicios políticos donde tiene un interés concreto desde hace tiempo”, ….., ...El País se ha empeñado en dos cosas: Primero, en la condena de Camps, Segundo, la absolución total del Sr. Garzón. (...) Han llegado a titular: "Si condenan a Garzón, el Tribunal Supremo será el hazmerreír internacional". Llegan hasta ahí.

Consideraciones finales

Parece claro que el derecho a la presunción de inocencia que garantiza el artículo 24 de nuestra  Constitución ha sido vulnerado repetidamente produciendo un daño irreparable al honor, a la imagen e incluso a la salud de los injustamente acusados.

¿Cómo reparar ahora tanto daño causado?

¿Por qué  además ese derroche de medios para un presunto delito que en términos económicos estaría valorado en no mas de12.000 euros?

En este juicio han intervenido nada menos que tres fiscales, cuando en un juicio por terrorismo, por ejemplo, solamente interviene uno.

Añádanse los costes del jurado y de toda la estructura judicial que ha estado volcada en esta causa durante tres años ¿quién va a pagar todos estos costes? la respuesta es obvia, como siempre, el sufrido español que al parecer solo le queda como mucho el derecho al pataleo y la obligación de pagar impuestos.

F.J.

nota: ver video adjunto  http://youtu.be/JtEKj0Lj4Eo