Estos son los culpables del desastre
El cáncer nacionalista, la burbuja financiera, la politización de la Justicia y la ingeniería educativa. He ahí los factores de la crisis de España. Y todos esos factores tienen rostro visible.
Pujol: El Virrey desleal
La afirmación “España nos roba” puede ser mantenida por jóvenes desinformados sobre la balanza fiscal real entre la autonomía y España; puede ser mantenida por los independentistas pero no por CiU. Sería tanto como decir que Jordi Pujol era tonto y se dejó engañar por socialistas y populares. La realidad es que hizo con ellos lo que quiso durante 23 años: rechazó el sistema de cupo vasco, obtuvo más competencias que ningún otro territorio descentralizado de Europa occidental, se llevó cuotas de impuestos estatales (IRPF), obligó a cerrar en falso asuntos de corrupción graves. Le dieron lo que pedía, siempre.
España pensaba que Pujol quería ser Virrey y le dejaron. El Estado, el Ejército, la Guardia Civil se fueron de Cataluña, los altos cargos del Estado se decidían a propuesta de CiU.
Sin embargo, ya jubilado todos descubrimos que era independentista y que el catalanismo moderado (que le hacía ganar elecciones con el voto de los burgueses que se sentían españoles) era solo una estrategia. Pujol siempre trabajó lo “identitario” para que con la ingeniería genética escolar; la lengua impuesta; y la política que implacable aplicaba el apartheid con los López, García Rodríguez y Martínez, el independentismo acabara imponiéndose. El sabía que no era el momento de salir al balcón de la Generalitat para proclamar el Estat català, pero soñaba con ello.
El Virrey fue desleal con la Corona. El monarca tuvo algunas sospechas en los JJ OO de Barcelona’92, cuando los cachorros de CiU y algunos veteranos se propusieron usar esos Juegos, pagados por todos, para reivindicar el “Freedom for Catalonia”. A sus hijos les pillaron en la conspiración. Aquello pasó a una década del 23-F y el “Tranquilo Jordi, tranquilo”. La lealtad se podía poner en duda. No pasó nada y se impuso un renovado: “Vamos a entendernos, que es mejor”.
La Corona tuvo mil y un detalles con Pujol y Cataluña. Hoy al Príncipe Felipe le abuchean en el Liceo. Oímos al ex presidente catalán un inapropiado “¡Pero qué coño es esto de la UDEF!” (cuando esa unidad policial investigaba a su familia); pero nadie le oyó un: “¡Pero que coño es esta falta de educación!
Todos los mecanismos sociales de control del pujolismo, alentados por medios de comunicación con libro de estilo que prohibían usar la palabra España, el predominio cultural y político del entorno nacionalista siguieron funcionando como un reloj.
Incluso el Tripartito de izquierdas de Maragall los mantuvo de la A a la Z. Eso sí, 33 años alimentado por con dinero de los impuestos de todos los catalanes. También de los que se sienten españoles. Al final, un día se quitó la máscara y todo aquello del catalanismo y la descentralización se demostró una estrategia. Apareció un Pujol con piel de lobo. Pujol pasaba a jalear un eslogan que caló en la sociedad catalana, a pesar de estar construido sobre mentiras: “Si no nos quieren, nos vamos”. Esa es la receta de Convergència a la crisis y sus duros ajustes.
Los estómagos agradecidos que le nombraban “Español del Año” en Madrid deben tener hoy tremendas diarreas. El Virrey les engañó. Su entorno familiar no engañaba a nadie. Su esposa y sus hijos practicaban al modo coránico la doctrina del “els nostres” (los nuestros), frente a los otros catalanes (cuando convenía) o los “xarnegos”, las más de la veces.
Ese sentimiento de superioridad, de pueblo elegido, es absurda en Cataluña que tiene la mitad de su población hija de otras tierras de España. Y los aburguesados convergentes sacaron del ropero ideas con naftalina xenófoba para repartir entre los jóvenes, como por ejemplo: “Si nos les gusta que se vayan” o “¡Mas President, Catalunya independent!
¿Quién les recuerda a esos jóvenes que Cataluña se autogobierna desde aquel Estatut de 1979? ¿Pujol y Convergència no tienen responsabilidades en la deuda actual de Cataluña, o en el desempleo o en la pérdida de peso económico en el conjunto de España?. Ni Felipe González, ni José María Aznar lo hicieron, ni creo que esté en los planes de Mariano Rajoy.
Rubalcaba: El cerebro de la deseducación 
Se le recuerda, sobre todo, por haber sido el émulo del tenebroso Fouché del aparato policial, y su función de escabel –en la sombra– para que Zapatero pudiera llegar al poder tras el 11-M. Se le recuerda por haberse convertido en el alter ego del zapaterismo, inmolándose por el Partido en el periodo más bochornoso del socialismo español. Y por no haber ofrecido ninguna explicación sobre el caso Faisán, por el chivatazo a ETA. Se le recuerda, en fin, por los escándalos de corrupción y guerra sucia: era el portavos de González, que tenía que dar la cara cuando los casos GAL, Roldán, los fondos reservados o Filesa.
Pero este histórico de la vieja guardia, que lleva en el PSOE desde el año de Suresnes (1974), ha tenido un papel de mucho más calado, aunque menos ruidoso y evidente, como factor de la crisis que atraviesa España.
Doctor en Química, hombre procedente de la Universidad, Alfredo Pérez Rubalcaba (Solares, Cantabria, 1951) ha sido el responsable último de la mayor transformación que ha sufrido el país en las últimas décadas: la de las cabezas de los jóvenes escolares.
Cuando la izquierda conquistó el poder, en 1982, por primera vez desde la II República, tenía claro que sólo podía aspirar a conservarlo, controlando el poder judicial por un lado, y haciéndose con el timón de la educación por otro. De lo primero se encargaron con la Ley Orgánica del Poder Judicial. De lo segundo, poniendo en marcha una serie de leyes escolares que equivalía a sustituir los conocimientos por consignas ideológicas. Esas leyes se han convertido en manos de los socialistas en una máquina de practicar ingeniería social, con la que han podido disponer a su antojo de las cabecitas de los españoles.
La labor que inició el ministerio de José María Maravall, en los años 80, fue culminada por Rubalcaba en los 90. Primero con la LODE, después la LOGSE, la educación pasó a estar politizada, con el caballo de Troya de los consejos escolares. El colofón, ya en el nuevo siglo, y con el zapaterismo sería la LOE, que incluía Educación para la Ciudadanía, una asignatura que tal y como el PSOE la planteaba suponía romper con la neutralidad ideológica del Estado entrando como un elefante en una cacharrería en una esfera que no le correspondía: el derecho de los padres.
Los informes PISA han demostrado que esas leyes no sólo han operado como gigantescos sistemas de manipulación, sino que se han saldado en fracaso escolar, en que más del 30% de los alumnos no consigan terminar los estudios obligatorios; y en que los jóvenes españoles sean los peores preparados de todos los países de la OCDE. Lo que combinado con una cifras de desempleo del 50% condena a la juventud a un callejón sin salida.
Todo ello es atribuible, en buena medida, a Rubalcaba, que –no se olvide– ocupó su primer cargo público como director general de Enseñanza Universitaria en 1985. Después, ocupó la Secretaría General de Educación y en 1992 se convirtió en ministro del ramo.
El fue quien promovió la Ley de Reforma Universitaria (LRU), la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema Educativo (LOSE) y la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) En 1996 sumó al Ministerio de Educación el cargo de ministro de la Presidencia y el de portavoz del Gobierno. Es decir, escaló al número dos del Gobierno, con Felipe González, pero no soltó la cartera de Educación.
Los socialistas contaron con un equipo de ideológicos y especialistas en educación para culminar su proyecto de ingeniería social. Desde el sociólogo Mariano Fernández Enguita hasta Álvaro Marchesi (que fue secretario de Estado de Educación), pasando por Alejandro Tiana (secretario general de Educación con Zapatero). Pero no hay que olvidar que el gran muñidor fue Rubalcaba.
El actual líder del PSOE ha sido el cancerbero del Partido, primero mediante la Policía educativa (la Logse); y luego administrando el ventilador de la mierda (la Policía Judicial). Y sin dejar huellas, que para eso es químico, como recordaba en una columna un histórico del PSOE, Pablo Castellano.n
Mafo: Cuando la (mea) culpa la tienen los demás
Miguel Ángel Fernández Ordoñez, MAFO. Esta última denominación es un compendio de las iniciales de nombre y apellidos y dicen que no le gusta que así se le llame.
Pero más allá de esto, Ordóñez, hermano menor del que fuera el ministro de Exteriores más conocido de España, pasará a la historia como el gran correponsable de todo. Corresponsable de todo lo malo que le ha ocurrido a la estructura económico-financiera de nuestro país (por acción y por omisión). Ni siquiera Salgado se ha llevado tan mala prensa como Ordóñez y eso que su corresponsabilidad ha sido incluso mayor, pero hay quien sabe esquivar a la opinión pública y quien la alimenta a base de frases épicas, como es el caso de MAFO.
Su responsabilidad se podría simplificar en que la gestión de MAFO como gobernador del Banco de España, siempre ha ido un paso por detrás de todo lo que ha ocurrido en el sistema financiero español. Un paso por detrás, aún teniendo las herramientas, la capacidad, el mandato y, sobre todo, el conocimiento de que debía, de que tenía que ir un paso por delante para haber evitado lo que hoy padece el sistema y, por ende, la economía española. Porque, si todo se sabía, ¿por qué nuestro país ha vivido un proceso por el que hemos pasado de tener un sistema “bien gestionado, regulado y supervisado“ (Ordóñez, dixit) a tener que pedir un rescate a Europa de 100.000 millones –para usar 40.000–?
Tras una fructífera carrera política en los Gobiernos socialistas de González primero y Zapatero después, en 2006 es propuesto y designado, con la oposición frontal del PP, máximo responsable del regulador financiero de nuestro país. Para entonces, ni se sabía de las subprime, ni de Lehman ni mucho menos se ponía en duda nuestro envidiable sistema financiero.
Pero la realidad no se hizo esperar y en 2009 el Banco de España intervino Caja Castilla-La Mancha (CCM). Lo que ocurría en CCM no era sino el reflejo de lo que ocurría en las 2/3 partes del sistema financiero español –exceptuando los bancos y alguna caja–: politización, nula gestión y descontrol del riesgo: sobre lo primero poco quiso hacer Ordóñez cuando su jefe Zapatero se paseaba por medio mundo presumiendo de estar en Champions y de tener el sistema bancario más solvente del planeta.
Sobre lo segundo y tercero, pudo hacer todo, pero nada hizo hasta que no quedaba más remedio que intervenir. Lo mismo consintió con la otra caja rescatada, CAM (Caja de ahorros del Mediterráneo). Tutelada y animada por el supervisor a integrarse en una de las llamadas fusiones frías, finalmente tuvo que ser intervenida ante la escandalosa situación de su balance.
Pero el colofón a su gestión se focaliza en Bankia, cuya judicialización proviene de aquellos polvos: fue el Banco de España el que forzó la fusión Caja Madrid-Bancaja, fue el regulador bancario el que insistió en la necesidad de sacar a bolsa la entidad y fue la misma autoridad central, gobernada por Fernández Ordóñez, la que permitió, consintió y miró para otro lado en el espectáculo de las preferentes. Esta actuación sobre Bankia ha acabado generando pérdidas para los ahorradores, inversores y ciudadanos.
Ordóñez tiene el dudoso honor de haber sido de los pocos en este país que ha logrado concentrar una posición común sobre su persona: desde los sindicatos y su propio partido, el PSOE, hasta la oposición, pasando por el sector financiero y empresarial, han pedido en algún momento su cabeza, su salida, su silencio o su inhibición. Todos recordarán cuando el secretario de UGT en Madrid le invitó a “irse a su puta casa” por no ser consciente “de quién le ha puesto ahí y a quién se debe”... tanto, que MAFO escenificó una de las gestiones más politizadas que se recuerden en el Banco de España.
Pero como decían en una película de Oliver Stone (Platoon), aunque de una forma más soez, “las excusas son como el trasero, todo el mundo tiene uno” y MAFO también tiene una excusa –o podría tenerla–. Nuestro país y su sistema financiero jamás se habían enfrentado a una crisis internacional de tales dimensiones y a él le tocó lidiar con una estructura y un entorno que hacía de España el país más bancarizado del mundo, alimentado y engordado en mandatos anteriores al suyo. La excusa de Miguel Angel Fernández Ordóñez se llamaba Jaime Caruana.
Sala: Blanqueador de ETA
El Tribunal Constitucional acumula en su historial sonoros atropellos contra el derecho, desde el plácet a la cacicada felipista contra Rumasa hasta el espectáculo de pasteleo partidista que ofreció los tres años que invirtió en avalar la mayor parte del Estatut. No le fue a la zaga el que consumó en la pasada legislatura, al blanquear a los cachorros del terrorismo para que se presentaran a las elecciones locales y autonómicas y llegaran a las instituciones.
La persona decisiva, por su voto de calidad, para inclinar la balanza del lado de los proetarras fue el presidente Pascual Sala. Ahora se va, después de haber presidido el TC durante dos años, dejando un “regalito”, un varapalo a las universidades católicas: empleó su voto de calidad para imponer una sentencia que minusvalora los acuerdos del Estado con la Santa Sede. En los votos particulares, seis magistrados del TC afirman que el trato diferenciado que el legislador dio a la Iglesia Católica para la creación de sus propias universidades está justificado por el "singular estatus internacional de la Iglesia, del que carece cualquier otra confesión religiosa", y porque "la Iglesia fue la creadora de las primeras universidades y de las que mantienen el máximo prestigio en la actualidad”.
Pero Sala parece haberse enrocado en su sectarismo hasta el final. Como al principio. El hasta ahora presidente del Constitucional lo fue antes del Supremo y del Consejo del Poder Judicial en los años de plomo del tardofelipismo (1990-96), cuando la corrupción y el crimen de Estado señoreaban la vida pública española.
Y Sala era una de las autoridades máximas, haciéndole el juego a los intereses del Gobierno socialista y echando paletadas de tierra sobre la tumba de Montesquieu.
En la España de los últimos veinte años se ha creado una burbuja financiera y una burbuja nacionalista, pero desde que el PSOE de González y Guerra llegó al poder en 1982, ya existía una burbuja judicial, consistente en acabar con la división de poderes, politizar a los jueces y disponer de un Fiscal General del Gobierno (no del Estado) para blindarse ante la Justicia.
El primer paso de la burbuja fue la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 que convertía al órgano de gobierno de los jueces en un calco de las mayorías parlamentarias. Posteriormente, la inacción de los distintos Fiscales Generales, que nada más acceder al cargo se ponía una venda ante los escándalos de corrupción del Gobierno. Y por fin, la complicidad de Sala, máxima autoridad judicial como presidente del Supremo.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, Pascual Sala (Valencia, 1935) era experto en Derecho Administrativo. Durante el Franquismo formó parte de Justicia Democrática, y en la Transición, fue miembro de la asociación profesional Jueces para la Democracia. Ingresó en la carrera judicial en 1962 y accedió por oposición al puesto de magistrado de la jurisdicción contencioso-administrativa, labor que desarrolló entre 1972 y 1982.
Fue un jurista del PSOE como se demostró tan pronto como Felipe González llegó a la Moncloa, en 1982: fue nombrado consejero del Tribunal de Cuentas a propuesta del Partido Socialista. Cuatro años después se convirtió en magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y en 1988 fue elegido presidente del Tribunal de Cuentas por los miembros de dicho tribunal.
Pascual Sala negó que Felipe González declarara por los GAL y permitió la liberación de la Mesa de Herri Batasuna desautorizando al Supremo. Llegó a ser calificado como “lord protector del crimen”. Eso en los años de la guerra sucia. Casi veinte años después, siendo presidente del Constitucional, apoyó (junto con Gay y Pérez Vera) la excarcelación del asesino Troitiño, autor de 22 asesinatos, por los que había sido condenado a más de 2.700 años de prisión.
Es decir, por un lado evitó que un presidente fuera interrogado por la guerra sucia, y por otro, permitió que se riera de las víctimas un sanguinario terrorista. La culminación de esta carrera fue la bendición de las marcas proetarras. Tal y como temían las víctimas del terrorismo el Constitucional terminó cumpliendo la función de agente blanqueador de las listas que parece haberle tocado en suerte en el guión del cambio de cromos con ETA.
De nada sirvió que el Supremo hubiera dejado claro que las candidaturas eran “testaferros de Batasuna”. Es preciso dar la razón a Esperanza Aguirre, que venía a recordar que el Constitucional no puede convertirse en un Tribunal Supremo del Tribunal Supremo.
La baza que le ha dado fuelle a una banda de gángsters durante 40 años ha sido la coartada política. Sin la complicidad de los nacionalistas y la presencia que han ido teniendo los acólitos del crimen en las instituciones, camuflados en formaciones políticas, ETA se hubiera extinguido hace décadas. Bildu fue otro intento por aferrarse a ese tablón ante el naufragio de una banda más débil que nunca. Fiel al guión de la falsa paz de ETA, urdido por Zapatero, el TC presidido por Sala permitió que los terroristas se burlaran del Estado de derecho y tomaran aire, poniendo el pie en los ayuntamientos y chupando del erario público. Eso sí, no matan. Pero tampoco han entregado las armas.
Nota: publicado en la revista EPOCA
