El juez y ministro Marlaska, ¿Grande?.
Desde hace unos días este ambicioso ministro del Interior del (des)Gobierno social-comunista que asola ESPAÑA está protagonizando la actualidad política por su enfrentamiento directo con la Guardia Civil por la destitución fulminante del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid.
Marlaska llegó al Gobierno de Pedro Sánchez después de tres décadas como juez y años de la mano del PP que le impulsó en la Audiencia Nacional y en el CGPJ; alcanzó notable popularidad por su acción contra ETA.
El caso de la destitución del coronel López de los Cobos está siendo objeto de durísimas interpelaciones al ministro, en el Congreso y Senado de las que se defiende negando cualquier tipo de ilegalidad en su actuación que pretende justificar como simple reestructuración del ministerio ; documentos muy recientemente aparecidos al parecer demuestran que las sospechas de ilegalidad están más que confirmadas.
Probablemente el Partido Popular pedirá la inhabilitación del sujeto.ESPAÑA todavía no tiene el nivel de tolerancia tan severo como el de los EE.UU. donde mentir al Parlamento le costó a Nixon (“Tricky Dick”) la Presidencia.
Seguidamente se reproduce un interesante artículo de Victoria Prego en El Mundo (*), periodista que tiene una especial dedicación y tino en asuntos relativos a la Justicia:
"Marlaska es ya un muerto político que está a las puertas de un tribunal"
El ministro del Interior ha perdido definitivamente la partida. La ha perdido aun cuando él y su presidente decidan que se quede amarrado al cargo como un marinero atado al palo mayor de su barco para sobrevivir a la tormenta y no morir ahogado en el mar. Es igual, ya puede el señor Grande-Marlaska aguantar en el banco azul lo que quiera que está políticamente muerto y profesionalmente desacreditado de una manera radical y sin remedio posible.
No se puede comprender cómo un antiguo magistrado de la Audiencia Nacional ha estado dispuesto a cometer una flagrante ilegalidad como la perpetrada el domingo de la semana pasada. Pero el hecho es que la cometió consciente de lo que hacía y probablemente creyendo que el cargo de ministro le otorgaba una impunidad que era a todas luces inexistente. Pero ni aun así se puede entender que haya destrozado de esa manera tan torpe su antigua reputación.
Y, por si fuera eso poco, además el ministro ha mentido. Lo ha hecho reiteradamente ante el Congreso y ante el Senado intentando colar una trapisonda detrás de la otra que no aguantaban un examen de cinco minutos. Todo lo que Grande-Marlaska ha contado como justificación del cese de coronel no se mantenía de pie y por eso él se refugiaba una y otra vez en las trolas que traía preparadas y las repetía obcecadamente porque sabía que no podía salirse de ahí a menos de caerse de bruces ante los hechos a la vista de todos los españoles.
Ha sido un atropello esto que han hecho al alimón el ministro, el secretario de Seguridad y la Directora de la Guardia Civil. Pero además de un atropello es un delito del que uno de los tres, o los tres, tendrán que dar cuentas ante la Justicia.
La señora María Gámez ha cometido la torpeza, desde el punto de vista de sus intereses, de explicar por escrito con pelos y señales la razón por la que el domingo 24 de mayo a las 22,30 de la noche comunica al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid que está cesado. Ella se lo cuenta por teléfono sin el menor recato pero el documento «reservado» que ayer publicó El Confidencial no permite ya ninguna nueva versión de lo sucedido: es de una crudeza estremecedora.
Todas estas historias de que la razón por la que el ministro cesó al coronel fue porque «se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento» se cae al suelo con un tétrico estruendo cuando se acude al escrito firmado por la señora Gámez en el que se explicita con todas las letras que el mando fue relevado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.
Repetimos: «Por no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil», no por no informar de la «existencia de las investigaciones» encargadas a la Policía Judicial por la juez del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que es lo que el ministro ha pretendido balbucear cuando sabía ya que estaba con el agua al cuello
La señora Gámez es de una torpeza y de una grosería política y jurídica asombrosas. Seguramente su comportamiento de sal gorda y de trazo grueso es lo que trae aprendido de sus años como funcionaria y después como cargo político en Andalucía. Después de más de 30 años gobernando esa comunidad autónoma como si fuera su finca particular, el PSOE andaluz se había acostumbrado a comportarse como si cada uno de los cargos -altos, intermedios y bajos- fueran los beneficiarios de una herencia que les correspondía por derecho propio y por cuyo uso y abuso no tenían que dar cuentas a nadie.
Por eso el cumplimiento de la legalidad les parecía a muchos un requisito excesivo, superfluo y en definitiva inútil. Allí lo importante era el mando que proporcionaba el poder. Y se podía uno estirar en hacer afirmaciones que en condiciones de normal control político e institucional resultarían escandalosas o directamente ilegales sin que allí se le moviera a nadie un pelo.
En esa cultura se ha hecho mayor la señora María Gámez y con ella ha llegado a ocupar nada menos que la Dirección General de la Guardia Civil. Desde ese puesto de la máxima relevancia y responsabilidad hay que decir que no ha cumplido con las obligaciones de su cargo. Entre otras cosas porque no se le ha visto el pelo ni en público ni en los contactos con las distintas asociaciones profesionales del Cuerpo. Se ve que en todos estos meses convulsos, inquietantes y trágicos no se ha visto en la necesidad de involucrarse ni siquiera para dar la cara en defensa de los altos mandos del Cuerpo cuando han tenido que comparecer una y otra vez para dar cuenta en rueda de prensa de las actuaciones de los agentes del Instituto Armado.
Se sabe que los altos mandos de la Guardia Civil han tenido encuentros muy tensos con ella, que ha hecho gala de una actitud nada conciliadora sino todo lo contrario, retadora, sin comprender -porque ese tipo de sutilezas no debe de formar parte de la educación política en la que ha crecido y construido su carrera profesional- que un miembro del Gobierno, sea éste o sea otro, no se puede permitir el lujo de enfrentarse y retar y amenazar a los mandos de un Cuerpo que tiene una impecable y heroica historia de cumplimiento y defensa de los valores constitucionales, muchas veces a costa de sus vidas, y que siempre ha estado y estará al servicio de la ley, gobierno el partido que gobierne. Gámez no sabe con quiénes está tratando. O lo sabe pero no lo ha entendido.
Sólo ha hecho su aparición -estelar, eso sí- cuando ha marcado el número del coronel Pérez de los Cobos para anunciarle que quedaba cesado y, además, y sin cortarse un pelo, explicarle por qué. Y para remate, expone de nuevo las razones de la destitución en el escrito con sello de «Reservado» que envía al Secretario de Estado de Seguridad que ha sido quien ha firmado el cese del coronel.
Rafael Pérez era desde 2018 director del gabinete del ministro Marlaska y desde enero de este año ocupa el puesto desde el que ha estampado su firma en esa destitución que le va a traer, seguro, unos cuantos y graves problemas. Pero lo inexplicable es que él, como su ministro, son jueces de carrera, de modo que ninguno de los dos ignora la dimensión legal de lo que han cometido.
El escrito de María Gámez convierte en inútiles todos los intentos que a partir de ahora se hagan desde el ministerio del Interior y quizá también desde el Gobierno para tratar de darle la vuelta al asunto y que la opinión pública acabe por comulgar con una nueva gigantesca rueda de molino. Yo de ellos ni lo intentaría porque ya no tienen escapatoria.
Ya advirtió la semana pasada la juez del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid que, si se demostraba que la salida del coronel había sido una intromisión del ministro del Interior en sus pesquisas sobre la Delegación del Gobierno, abriría una investigación para depurar posibles responsabilidades penales. Y que a nadie le quepa la menor duda de que lo va a hacer porque es evidente que estamos ante un intento de invasión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Y eso es un delito.
Gámez, Pérez y Marlaska componen un trío desastroso que es probable que tengan que vérselas con la Justicia. Y eso es así porque serán probablemente imputados y tendrán que declarar ante la magistrada Carmen Rodríguez-Medel. Pero si también afectaran las investigaciones de la juez al propio ministro Marlaska, entonces el caso pasaría a ser instruido por el Tribunal Supremo.
Este escándalo va a tener un largo recorrido. Pedro Sánchez podrá mantener al responsable de Interior todo el tiempo que quiera pero será porque no quiera dar su brazo a torcer. Aunque debe saber, lo sabe ya con seguridad, que la presencia de Fernando Grande-Marlaska en el seno del Gobierno no le aporta ya nada más que descrédito y presunción de ilegalidad. Y que con ese peso va a tener que cargar hasta que el asunto se dirima ante los tribunales.Victoria Prego.
F.J. de C.
Madrid, 03 de junio de 2.020
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