El legado de la «ley Aído» (la detestable ministra socialista de Zapatero) habla por sí solo: 14.586 menores de 20 años abortaron en 2011. En datos porcentuales, esto significa que el 1,3% de las jóvenes por debajo de esa edad decidió poner fin a la vida que llevaban en su interior, lo que, según el Ministerio de Sanidad, supuso el mayor porcentaje de abortos adolescentes de los últimos años. Con la llegada del mandato de Zapatero, la tasa de prácticas abortivas en menores de 20 años aumentó significativamente respecto al anterior Gobierno, pasando de un 0,9% en 2003 a un 1,3% en 2011.
Frente a esto, y a la espera de la reforma de la ley del aborto anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón –que, entre otras medidas, eliminará como supuesto la malformación del feto–, en el Consejo de Ministros del pasado 5 de abril, el Gobierno de Rajoy aprobó el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, que pretende reforzar la protección de los menores en distintos ámbitos, especialmente en situaciones de violencia y de mayor vulnerabilidad. En el documento supervisado por la ministra de Sanidad, Ana Mato, se reconoce que los datos sobre interrupción voluntaria del embarazo «exigen la adopción de medidas tanto de información, formación y prevención familiar, escolar y social». En esta misma línea, se busca ««identificar de forma temprana a las mujeres con factores de riesgo, problemas de salud, complicaciones del embarazo o anomalías fetales con el objeto de minimizar sus consecuencias».
Cabe recordar que la denominada ley de plazos, vigente en la actualidad, contempla el aborto libre hasta las primeras 14 semanas, previa información sobre la intervención, sus derechos, prestaciones y ayudas públicas a la maternidad; practicar el aborto hasta las 22 semanas en caso de que el embarazo suponga un grave riesgo para la vida o salud de la mujer o si el feto padece graves anomalías; abortar después de 22 semanas si hay malformación incompatible con la vida del feto o éste padece una enfermedad de extrema gravedad e incurable; el aborto a menores entre 16 y 17 años, debiendo informar al menos a uno de los representantes legales de éstas, siempre y cuando la menor no alegue que dicha comunicación le ocasionaría un conflicto grave.
El presidente de los obispos españoles, Antonio María Rouco Varela, no entiende, entre otras cuestiones, que después de dieciseis meses de gobierno del PP se siga permitiendo el aborto en el país. Sus declaraciones han sido un tirón de orejas al ejecutivo, justo en el mismo día que Mariano Rajoy ha visitado al Papa Francisco.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer en LA RAZÓN que con la reforma de la ley del aborto el peligro para la salud de la madre deberá acreditarse con una «auténtica constatación».
Las “feminazis” socialistas y comunistas, en pie de guerra, no cejan en su empeño en contra de la vida; así, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha adelantado este martes 16/04 que su partido denunciará el Concordato con la Santa Sede en el caso de que el Gobierno decida modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para "limitar la libertad de las mujeres".
En declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a un desayuno informativo con el primer secretario del PSC, Pere Navarro, de los socialistas catalanes, la Valenciano ha denunciado que "parece que los obispos y el PP se han vuelto a poner de acuerdo para cercenar la libertad de las mujeres", algo que, según ha lamentado, no es "nada nuevo" porque "en esto siempre han ido de la mano".
Así se ha referido la dirigente socialista a las declaraciones, citas arriba, que hicieron el lunes tanto el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Por la mañana, el primero reclamó una "reforma urgente" de la ley del aborto y del matrimonio homosexual, y por la tarde, el segundo anunció que la actual ley de plazos se sustituirá por un "sistema de indicaciones" en el que se prohibirá el aborto eugenésico por discapacidad del feto y donde el peligro sobre la salud física o psíquica de la mujer deberá acreditarse.
"Si el Gobierno del PP va a ir de la mano con los obispos para modificar la ley del aborto, para volver a limitar la libertad de las mujeres, ya les anuncio que el PSOE exigirá que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede", ha explicado Valenciano. IMPEDIR QUE LOS OBISPOS "IMPONGAN SU MORAL"
En este sentido, ha dejado claro que los socialistas no van a "consentir que a estas alturas los obispos sigan imponiendo su moral al conjunto de la ciudadanía y mucho menos que limiten de nuevo la libertad de las mujeres".
A la pregunta de cómo llevaría a cabo el PSOE dicha denuncia, la Valenciano ha indicado que se trataría de un "pronunciamiento en el Parlamento" en el que se exigiría al Ejecutivo un cambio en los acuerdos con el Vaticano, algo que, según ha recordado, ya adelantó el secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando resultó elegido en el Congreso de Sevilla del año pasado.
"Si el Gobierno, de la mano de la Iglesia Católica y como ayer anunciaron Rouco y Gallardón, modifican la ley del aborto para limitar la capacidad de las mujeres para decidir, el PSOE señalará la necesidad de modificar la relación con la Santa Sede", ha insistido.
Afortunadamente estos propósitos hoy por hoy carecen de toda viabilidad dado que el PP goza de una cómoda mayoría absoluta en Congreso y Senado pero si señalan una inquietante tendencia de los deseos socialistas.
F.J.de C.
