El tema de las fusiones bancarias o de entes financieros en general, adquiere un gran interés siempre, tanto para sus clientes, preocupados por sus ahorros, como para los trabajadores que ven peligrar sus puestos de trabajo, incluidos altos ejecutivos que temen que no podrán subsistir puestos de alta dirección duplicados; las actuales circunstancias de crisis no hacen mas que aumentar los temores de todos los colectivos afectados.
Teóricamente deberían ser consideraciones meramente técnicas las que aconsejaran la decisión a tomar; incluso, estas decisiones deberían ser, en principio, muy beneficiosas si de verdad se aprovecharan todas las sinergias implícitas en cada una de las fusionadas, resultando una nueva entidad reforzada y más potente para competir en el mercado beneficiando a clientes y usuarios en general.
Sin embargo, hay múltiples factores que influyen en la decisión y lamentablemente no todos ellos son técnicamente acertados, ni transparentes ni siquiera honestos.
Muchas veces la fusión pretende ocultar los graves problemas bien financieros, bien de gestión o ambos, que atraviesa alguna de las fusionadas con grave perjuicio para los accionistas o partícipes; otras veces, se trata de la megalomanía de los rectores que anteponen a cualquier otra consideración, la satisfacción de su ego y por último, y no por ello menos importante, cuando detrás de la fusión se esconden oscuros intereses políticos bien sean éstos de carácter propiamente partidistas, caso de las cajas de Andalucía, propiciado por la Junta, o lo que todavía es mas grave, de índole separatista/independentista como el que se acaba de culminar con la fusión de las dos principales cajas de las provincias vascongadas y otras que se están gestando y que no presentan un matiz ciertamente ortodoxo técnicamente. Precisamente es en las CAJAS, en general, donde por sus peculiares estatutos, más se prestan a operaciones poco trasparentes incluso, en muchos casos, totalmente desaconsejables dentro de una lógica empresarial y económica ortodoxas.
F. J.
Madrid, 1 de noviembre de 2008
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