Consecuentemente, a tal fin, se va a celebrar el próximo domingo 7 marzo en Madrid y en otras ciudades del mundo la Marcha Internacional que, bajo el lema "España Vida Sí, en democracia se escucha al pueblo".
En Madrid, la manifestación partirá a las 12.00 horas de la Plaza de Cibeles y finalizará en la Puerta del Sol.
De acuerdo con lo previsto en la nueva ley, a partir del próximo dia 5 de julio de 2010, fecha de entrada en vigor de la ley QUEDA ABIERTA LA VEDA DEL NASCITURUS.
Todo aquel desdichado BEBE que en ese momento tenga 14 semanas o menos, (tres meses y medio) podrá ser asesinado sin obstáculo alguno y mediante cualquier medio de agresión, cruento o incruento, con o sin derramamiento de sangre, da igual.
Si el BEBE ya tiene las 22 semanas de vida (cinco meses y medio, todo un hombrecito o mujercita) tampoco tiene asegurada su supervivencia; los cazadores/matarifes pueden sacrificarlo mediante un procedimiento asaz sencillo consistente en que se certifique un grave riesgo para la vida o salud de la embarazada; este trámite se despacha en las clínicas abortistas en menos de 2 minutos, mediante certificados previamente redactados y firmados por algún matarife sin escrúpulos; igual que se viene haciendo ahora con la ley actual mediante un fraude de ley no perseguido por ningún juez estrella.
Y si la cosa se pone muy difícil y hay la suficiente "pasta" para pagarlo, en cualquier momento del embarazo y si así lo dictamina un comité clínico ad-hoc se podrá perpretar el asesinato de la infeliz criatura, mediante cruel procedimiento, en este caso si, siempre con derramamiento de sangre y posterior máquina trituradora para eliminar los restos del tierno infante.
Esta es la descripción de la situación real que se va a producir en ESPAÑA gracias a la nueva ley, sin emplear esos subterfugios con los que nuestros políticos cómplices pretenden encubrir el mayor genocidio legal que nunca se ha cometido.
Para verguenza de la clase política española, complice de esta criminal ley, el texto fue aprobado en el Congreso de los Diputados con 184 votos del PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG, Na-Bai y dos de los 10 diputados de CiU. Por el contrario, el proyecto fue rechazado por el PP, siete diputados de CiU, Coalición Canaria, UPN y UPyD, que sumaron 158 votos. La única abstención fue de CiU.
El Senado, por su parte, aprobó la norma por 132 votos a favor (PSOE, Entesa, tres senadores de CiU, PNV, BNG, el representante del PSM-EN, dos senadores independientes de Navarra e Ibiza y uno de Coalición Canaria), 126 en contra (PP, tres parlamentarios de CiU y la representante de UPN, el del Partido Aragonés y otro de Coalición Canaria), y una abstención (CiU).
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