.jpg)
Escribe, desde Perú: Almirante (r) Alfredo Palacios .
El pasado día 20 la Comisión de Defensa del Congreso nombró un subgrupo de trabajo que investigará la credibilidad de las cifras de víctimas ocurridas durante la guerra terrorista de Sendero Luminoso (SL) contra el Estado peruano entre los años 1980 y 2000, presentadas el 28 de agosto de 2003 por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en su Informe Final.
Dicho informe, que identifica los delincuentes terroristas como miembros del “Partido Comunista Peruano-SL (PCP-SL)", y guerra terrorista como “conflicto armado interno peruano”, concluye que el número de muertos y desaparecidos se estima en 69,280, con un intervalo de confianza al 95% y límites de entre 61,007 y 77,552. Sin embargo, estas cifras difieren totalmente con las de los Ministerios de Defensa e Interior, del programa Repoblamiento y del grupo de trabajo del Senado, cuyas cantidades oscilan entre 22,000 y 25,000 víctimas.
Para llegar a esa impresionante cifra “inflada” de 69,280 víctimas, la CVR contrató al norteamericano Patrick Ball, quien aplicó la metodología de Estimación de Múltiples Sistemas (EMS), originalmente usada para cálculos de población de animales silvestres y posteriormente adaptada para estimaciones de poblaciones de personas utilizando listas incompletas recolectadas en forma separada y superponiéndolas para incluir personas no contabilizadas, pero empleando muchos supuestos que influyen sobre los resultados totales.
A pesar que la CVR solo identificó plenamente a 18,397 víctimas, las “infló hasta 69,280, aumentando proporcionalmente las cantidades atribuibles a las FF AA con el claro propósito de desprestigiarlas. El informe considera de manera inverosímil que el “PCP-SL” causó menos víctimas (46%), comparadas con el 54% causado entre los “Agentes del Estado” (30%) y “Otros Agentes” (24%). En relación a los desaparecidos, la tendenciosidad de la estimación es evidente ya que no identifica a todos los presuntos desaparecidos y no examina cuántos se desplazaron huyendo por venganzas o represalias.
En setiembre de 2005, Hugo Ñopo, Doctor Ph.D., estadístico e investigador económico peruano del BID, precisó que era irresponsable lanzar un modelo con muchos supuestos y emitir una cifra sin mostrar las identidades de las víctimas, lo cual demuestra que no hubo rigor estadístico ni matemático.
Increíblemente, dos meses antes de la presentación en el Perú del Informe Final de la CVR, su ex presidente, Salomón Lerner, el 17 de junio de 2003 en una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York –acompañado de Sofía Macher e Iván Degregori–, adelantó información y se contradijo sobre las cifras de víctimas del Informe Final (69,280 con límites de 61,007 y 77,552) al manifestar que existía un umbral mínimo de 40,000 y podrían ser más de 60,000, aseverando además que “el número exacto jamás podríamos saberlo por las muchísimas variables que no dominamos, por la falta de testimonios y la existencia de muchas fosas clandestinas”. Asimismo, en dicha conferencia Degregori manifestó que la mayoría de desaparecidos correspondían a las fuerzas del orden porque “Sendero no tenía intención de ocultar cadáveres”.
En este contexto, el subgrupo de trabajo nombrado en el Congreso debería proponer la oficialización de 18,397 victimas sobre la base de aquellas plenamente identificadas con nombres y apellidos, para desmentir las “infladas” e inconsistentes cifras de la CVR y adecuarnos así a la realidad histórica.
Dicho informe, que identifica los delincuentes terroristas como miembros del “Partido Comunista Peruano-SL (PCP-SL)", y guerra terrorista como “conflicto armado interno peruano”, concluye que el número de muertos y desaparecidos se estima en 69,280, con un intervalo de confianza al 95% y límites de entre 61,007 y 77,552. Sin embargo, estas cifras difieren totalmente con las de los Ministerios de Defensa e Interior, del programa Repoblamiento y del grupo de trabajo del Senado, cuyas cantidades oscilan entre 22,000 y 25,000 víctimas.
Para llegar a esa impresionante cifra “inflada” de 69,280 víctimas, la CVR contrató al norteamericano Patrick Ball, quien aplicó la metodología de Estimación de Múltiples Sistemas (EMS), originalmente usada para cálculos de población de animales silvestres y posteriormente adaptada para estimaciones de poblaciones de personas utilizando listas incompletas recolectadas en forma separada y superponiéndolas para incluir personas no contabilizadas, pero empleando muchos supuestos que influyen sobre los resultados totales.
A pesar que la CVR solo identificó plenamente a 18,397 víctimas, las “infló hasta 69,280, aumentando proporcionalmente las cantidades atribuibles a las FF AA con el claro propósito de desprestigiarlas. El informe considera de manera inverosímil que el “PCP-SL” causó menos víctimas (46%), comparadas con el 54% causado entre los “Agentes del Estado” (30%) y “Otros Agentes” (24%). En relación a los desaparecidos, la tendenciosidad de la estimación es evidente ya que no identifica a todos los presuntos desaparecidos y no examina cuántos se desplazaron huyendo por venganzas o represalias.
En setiembre de 2005, Hugo Ñopo, Doctor Ph.D., estadístico e investigador económico peruano del BID, precisó que era irresponsable lanzar un modelo con muchos supuestos y emitir una cifra sin mostrar las identidades de las víctimas, lo cual demuestra que no hubo rigor estadístico ni matemático.
Increíblemente, dos meses antes de la presentación en el Perú del Informe Final de la CVR, su ex presidente, Salomón Lerner, el 17 de junio de 2003 en una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York –acompañado de Sofía Macher e Iván Degregori–, adelantó información y se contradijo sobre las cifras de víctimas del Informe Final (69,280 con límites de 61,007 y 77,552) al manifestar que existía un umbral mínimo de 40,000 y podrían ser más de 60,000, aseverando además que “el número exacto jamás podríamos saberlo por las muchísimas variables que no dominamos, por la falta de testimonios y la existencia de muchas fosas clandestinas”. Asimismo, en dicha conferencia Degregori manifestó que la mayoría de desaparecidos correspondían a las fuerzas del orden porque “Sendero no tenía intención de ocultar cadáveres”.
En este contexto, el subgrupo de trabajo nombrado en el Congreso debería proponer la oficialización de 18,397 victimas sobre la base de aquellas plenamente identificadas con nombres y apellidos, para desmentir las “infladas” e inconsistentes cifras de la CVR y adecuarnos así a la realidad histórica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario