El 15 de febrero pasado el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el Delito (ONUDD), Flavio Mirella, recomendó que los fondos recuperados de los casos de corrupción sean destinados principalmente para potenciar la capacitación del personal de los programas anticorrupción y mejorar los sistemas de investigación para la policía y los fiscales anticorrupción. Esta exhortación de la ONUDD nos debe hacer reflexionar sobre el uso del dinero recuperado de la corrupción desde el año 2002.
Durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, su ex asesor Vladimiro Montesinos dirigió una mafia de corrupción que hurtó del erario nacional cientos de millones de dólares que fueron sacados del país. Con el fin de depositar y administrar el dinero repatriado fue creado con Decreto de Urgencia 122-2001 el Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado (FEDADOI), el cual incluía una lista de 16 casos en los que podía ser empleado, pero sin considerar un orden de prioridad que a larga convertiría la distribución en subjetiva y discrecional, por orden de pedido y a criterio de los administradores del Fondo (Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerios de Justicia, Interior y Economía y Finanzas y su Unidad de Inteligencia Operativa). Este Decreto extraordinario no compatibilizaba con el carácter permanente que debía corresponder al Fondo, sin embargo, recién después de cuatro años fue reemplazado sin mayores modificaciones por la Ley 28476, promulgada el 24 de marzo de 2005.
Según un informe del Ministerio de Justicia del año 2006, desde el 1 de agosto de 2001 hasta el 16 de agosto de 2004 fueron recuperados y depositados a dicho Fondo US$ 171.2 millones, los cuales durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo, entre el 2002 y 2006, fueron gastados en su totalidad en muchos conceptos no necesariamente relacionados a la lucha anticorrupción. Entre estos: inversión en 18 universidades nacionales (US$ 28.5 millones); compra de uniformes y vacaciones atrasadas del personal policial (US$ 25.4 millones); pago a trabajadores cesados (US$ 17.2 millones); construcción del penal Piedras Gordas (US$ 10.2 millones); Comisión de la Verdad (US$ 4.5 millones); y entre otros pagos: recompensas, sentencias, y colaboradores eficaces; acuerdos de solución amistosos, consultorías y contrataciones de firmas de abogados. Según un último informe del Ministerio de Justicia al 15 de setiembre de 2008, en total fueron recuperados US$ 183 millones, gastándose casi el 100% y quedando un saldo de solo US$ 57,736.
En este contexto, se debería efectuar una investigación sobre los gastos del dinero recuperado –según el congresista Isaac Mekler “su distribución ha sido más que extraña, y pareciera que se ha hecho mal uso”–. Asimismo, el Procurador Anticorrupción Pedro Gamarra, ha manifestado que falta recuperar más de la mitad del dinero malversado. Al respecto, se requiere perfeccionar el sistema de lavado de activos, así como incrementar los esfuerzos para conseguir la total recuperación del dinero de la corrupción, y conforme se vaya logrando, utilizarlo estrictamente en intensificar y mejorar la capacitación del personal y los programas anticorrupción que permitan, dentro de un plan integral, una lucha frontal más coordinada y eficaz contra este recurrente y arraigado flagelo que afecta profundamente a nuestro país.
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