miércoles, 18 de febrero de 2009

Sociedad: Los Jueces y sus huelgas

Deseo expresar en primer lugar, que yo no pertezco a la carrera judicial a la que respeto por encima de todo y donde he tenido , y tengo, además de muy buenos amigos, ilustres antepasados directos.
Tampoco soy doctor en derecho, licenciado, ni siquiera abogado en ejercicio.
Por tanto me considero, como ciudadano de a pié, en condiciones y con pleno derecho a opinar con plena libertad sobre un tema de enorme actualidad en ESPAÑA como es la huelga de los jueces.
La Constitución, en su artículo 28.2, reconoce el derecho de huelga para toda la ciudadanía. Dicho artículo, como tántos otros, debiera haber sido desarrollado por leyes específicas, pero la ineficacia y también la falta de voluntad política de los distintos gobiernos que se han sucedido desde la aprobación de la Constitución han eludido hacerlo.
Hoy,18/02/2009 parece que el ministro cazador anuncia que prepará un ley ad-hoc , para prohibir este derecho a los jueces a los que tanto ama y respeta. Esperemos que le echen (no va a dimitir) antes de que perpetre tamaña tropelía.
Dentro de la judicatura, como en todo colectivo, existen individuos capaces e incapaces, honestos y deshonestos, profesionales rigurosos y cantamañanas notorios; quizá uno de los mayores defectos del sistema sea el llamado "corporativismo" que impide que se depuren todos aquellos elementos que ensucian la imagen de la profesión y que se ve potenciado por el sistema,TOTALMENTE POLITIZADO, de selección de los miembros del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) los cuales deberían ejercer como "asuntos internos" para investigar y sancionar las conductas ilegítimas; pero entrar en este asunto requeriria algo más que lo que se pretende con este breve comentario de actualidad.
Las principales peticiones de los jueces son las siguientes:
1- Nueva oficina judicial. Los jueces piden que se instaure con urgencia y que se delimiten las funciones y responsabilidades de los que en ella trabajan. Quieren conservar la facultad de señalar los jueves y vistas.
2- Nuevas tecnologías. Intercomunicación de las bases de datos e interconexión informática, estableciendo un sistema de alerta en materias «especialmente sensibles».
3- Formación adecuada de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia y asegurar la inmediata cobertura de vacantes mediante personal titular.
4- Que el CGPJ establezca la carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada órgano judicial.
5- Revisión en profundidad de la actual planta judicial.
6- Arbitrar un sistema adecuado y eficaz de sustituciones judiciales mediante jueces titulares.
7- Asegurar la efectiva conciliación de la vida laboral y la familiar e inmediata supresión del traslado forzoso.
8- Cumplimiento de las previsiones de la Ley de Retribuciones de la carrera judicial y fiscal. Para que no se malinterprete su malestar, las asociaciones han renunciado por el momento a esta petición.
Bermejo no asumió ni un ápice de su responsabilidad, y se dedicó a cargar las culpas contra la carrera judicial y a caldear más el ambiente de la carrera, víctima de un sistema obsoleto. Cansados de que se les acusara de «corporativistas» por la sanción al juez Tirado de Sevilla, y de que intencionadamente el ministro redujera sus peticiones a una cuestión salarial, asociados y no asociados emprendieron una rebelión sin precedentes, en la que el correo interno de la carrera ha jugado un papel fundamental. Las cuatro asociaciones judiciales, que representan a la mitad de la carrera, suscribieron el pasado 12 de enero un documento reivindicativo que recoge las peticiones citadas de los jueces.
A última hora de hoy, el éxito de la huelga parece haber sido total y se calcula una participación superior al 70% según fuentes de los propios juzgados, habiendo quedado paralizados la mayoria de los principales, entre los más significativos, los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid.
Y no es para menos, dado el abandono en que el Gobierno (éste y los anteriores también) tiene sometida a la Justicia.
A título de ejemplo, baste decir que solamente el presupuesto para los famosos carteles obligatorios publicitarios de las obras de los ayuntamientos MULTIPLICA POR TRES el
importe del presupuesto destinado a Justicia.
F.J.

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1 comentario:

Anónimo dijo...

La huelga ha sido un éxito. No por el porcentaje de participación, sino por presentarse como una primera manifestación de un descontento social sin politizaciones, probablemente precursor de convulsiones sociales que nadie sensato desea.

Al hilo de ella, se han multiplicado los argumentos a favor y en contra del derecho de los jueces a practicar el derecho de huelga. Los que estaban a favor ha aportado realmente consideraciones lógicas y jurídicamente correctas. No ha sucedido lo mismo a los que negaban el derecho que, comenzando por el ministro de la cosa y por el consejo de la misma cosa, se han limitado a decir vaciedades sobre las que, en último término, han situado como supremo argumento que los jueces son un poder. Auténtica estupidez, porque solo son los funcionarios que desarrollan una función. Como si afirmamos que los funcionarios de Hacienda y sus coleguillas son el poder ejecutivo.

La cosa es mucho más simple: hay un principio del derecho básico que, a base de no recordarlo, se nos va a olvidar. En muy simple: el administrado puede hacer todo lo que no le está prohibido; la Administración solo puede hacer lo que le está permitido.

Este principio, generado en el área del derecho administrativo, es trasunto de lo que se debe predicar en el plano del derecho constitucional, sustituyendo Administración y administrado por Estado e individuo.

Los jueces pueden ir a la huelga porque no hay nada que se lo prohiba y porque la ley nunca puede ser interpretada para generar prohibiciones no expresas. Lo ha comprendido perfectamente Bermejo, ministro de la cosa, que ya ha anunciado el propósito de declarar la prohibición expresamente por ley.

Pero ojo: esa norma será anticonstitucional (para negarlo ya existe el órgano adecuado)